El llamado ‘caso Mediador’ se trata de un nuevo escándalo de corrupción con origen en las islas Canarias que salpica a cargos del Partido Socialista, a un exgeneral de la Guardia Civil y empresarios.
El asunto está generando conmoción e inquietud entre los miembros del PSOE, que valoran la respuesta del partido ante la implicación de un exdiputado -al que cesaron-, aunque algunos dudan de que sea suficiente para evitar consecuencias negativas en las elecciones de mayo.
Cuándo empezó todo
El Juzgado de Instrucción número 4 de Santa Cruz de Tenerife llevaba más de un año investigando el ‘caso Mediador’, cuyo nombre viene por el empresario Marco Antonio Navarro, que actuó como nexo entre los cargos públicos que encabezan la trama y otros empresarios. Todo para conseguir privilegios en contratos públicos, ayudas europeas o evitar sanciones.
El pasado 14 de febrero varios implicados fueron detenidos y dos días después, la titular del Juzgado ordenó el ingreso en prisión provisional del general retirado de la Guardia Civil Francisco Espinosa Navas.
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) confirmó que se les imputan cargos de cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, falsificación de documentos y pertenencia a organización criminal.
Quiénes son los implicados
Francisco Javier Espinosa Navas: General retirado de la Guardia Civil, fue jefe de la Comandancia de Las Palmas hace una década, ya ha sido arrestado y es el único acusado que ha ingresado a prisión hasta el momento. El propio Servicio de Asuntos Internos del Cuerpo le señala como perceptor de sobornos de empresarios. A sus colaboradores, el agente de la Guardia Civil les dijo que tenía que pensar en su futuro ante su inminente jubilación: un futuro en el que iba a cobrar 4.500 euros menos al mes.
Juan Bernardo Fuentes Curbelo: El exdiputado socialista es apuntado como cabecilla de la trama, aunque no llegó a ser arrestado por la Policía junto al resto de los investigados. Era desde 2020 diputado por el PSOE en el Congreso de los Diputados tras sustituir a otra parlamentaria. Antes fue director general de Ganadería del Gobierno de Canarias, puesto en el que le sustituyó su sobrino.
Taishet Funetes: El exdirector general de Ganadería del Gobierno de Canarias y sobrino de Juan Bernardo Fuentes fue destituido de sus funciones el pasado verano por “pérdida de confianza”.
Cómo actuaba la trama
Fuentes Curbelo exigía a los empresarios, presuntamente, un primer pago de 5.000 euros para iniciar gestiones en su favor.
Para introducir a los empresarios en la trama, al parecer aprovechaba su condición de diputado y organizaba visitas al Congreso y al despacho de Espinosa en la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid. Además, también celebraba comidas y fiestas en restaurantes y clubes de alterne, así como en el hotel Victoria de la capital, donde se alojaba semanalmente para asistir a la sesiones de la Cámara Baja.
Los gastos corrían a cargo de los empresarios, que en esos contactos hacían entregas de dinero en efectivo al diputado canario, sostienen los responsables de la investigación policial.
Hasta ese momento, el presunto cabecilla del caso Mediador era director general de Ganadería del Gobierno canario, puesto en el que le sucedió su sobrino, Taishet Fuentes, otro de los detenidos.
De acuerdo con la investigación policial, los empresarios veían “grandes posibilidades de medrar en sus negocios”, ya que el exgeneral Espinosa contaba con contactos en las islas del periodo que estuvo al frente de la Comandancia de Las Palmas.
En el caso del empresario José Santiago Suárez, que se encuentra en libertad con cargos por esta causa, no solo pretendía vender sus drones a las ganaderías y queserías de Canarias a través de Fuentes Curbelo y su sobrino Taishet, sino también a la Consejería de Sanidad para el transporte de material sanitario, siempre según las mismas fuentes.
Consecuencias políticas
En el seno del PSOE, diputados, miembros de la Ejecutiva Federal, barones socialistas y representantes del partido en Canarias hablan de “vergüenza”, “dolor” e “indignación” por estos hechos.
En declaraciones a EFE, todos coinciden en alabar la “contundencia” y “rapidez” con la que actuó el PSOE, ya que nada más conocer la implicación de Fuentes Curbelo el pasado 14 de febrero -una semana antes de su detención-, el partido lo expulsó y se le exigió que entregara su acta de diputado.
La mayoría espera que esta reacción baste para frenar las posibles repercusiones del caso en las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo, tanto dentro como fuera de Canarias, aunque en esto hay diversidad de criterios.
“Los casos de corrupción existen, desgraciadamente existen, pero lo importante es cómo se responde a ellos”, ha dicho el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien ha subrayado que en el PSOE “atajan” la corrupción y no la “encubren”, como asegura que hace el PP.
Un barón socialista reconoce a EFE que es “molesto para cualquiera tener corruptos en tu equipo de trabajo”, pero cree que el hecho de tomar medidas “inmediatamente” contra Fuentes Curbelo no solo “no perjudica” al PSOE sino que le “beneficia”.
La oposición carga contra el PSOE
Desde la sede nacional del Partido Popular, el portavoz de campaña, Borja Sémper, reclamó a los responsables socialistas a dar explicaciones y aclarar si es cierto “en torno a 15 y 20 diputados del PSOE podrían estar involucrados”, así como arrojar luz sobre las posibles influencias de la trama en el Gobierno canario y en el de España.
El PP de Canarias se personará como acusación popular en el caso. Los populares comparan este asunto con el escándalo de los ERE en Andalucía, y han pedido al presidente canario, Ángel Víctor Torres (PSOE), un pleno extraordinario.
Domínguez denuncia que el escándalo tiene dimensiones desconocidas” e “incluso salpica” al Gobierno central. De hecho, el PP también ha pedido la comparecencia en el Senado de la ministra Nadia Calviño debido a su condición de presidenta de una fundación que supuestamente dio contratos por algo más de 2 millones de euros a la trama del caso Mediador.
