Laura Camacho y Sagrario Ortega |
Madrid (EFE).- ¿Son nuestras ciudades y pueblos seguros? Los españoles creen que sí, ya que apenas un 0,7 por ciento ve la inseguridad ciudadana como el principal problema. De hecho, en el listado general de preocupaciones se coloca en el puesto 19, según el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).
Y si se compara la criminalidad con la de los países de nuestro entorno, España sale bien parada, con una tasa de 48,8 delitos por cada mil habitantes frente a los 79,5 del Reino Unido, los 74,8 de Bélgica, los 60,7 de Alemania o los 53,9 de Dinamarca.
No obstante, algunos delitos sí han despertado la preocupación social e, incluso, el debate político de cara a las elecciones del 28M: las agresiones sexuales, las okupaciones de viviendas, y otros más circunscritos a territorios concretos, como las reyertas entre bandas juveniles, el narcotráfico o los robos en el campo.
Agresiones sexuales y menores
En los últimos meses se han sucedido denuncias de agresiones sexuales protagonizadas por grupos de menores en los que participan chicos de corta edad, varios de ellos incluso de menos de 14 años.
La Fiscalía General del Estado alertaba en su última memoria del “progresivo e importante” incremento de los delitos sexuales con menores implicados: 2.625 procedimientos abiertos en 2021, frente a los 1.271 registrados cinco años antes.
Eran cifras de delitos presuntamente cometidos por chicos de entre 14 y 17 años, porque cuando los agresores son más pequeños, los casos se archivan. Sin embargo, los hay y han salido a la luz como la agresión sexual a una niña de 11 años en un centro comercial de Badalona (Barcelona) a manos presuntamente de tres menores de 14 años.
Hace un mes, otros 12 jóvenes, siete de ellos con menos de 13 años, fueron identificados en Logroño por su supuesta implicación en una agresión grupal a dos niñas de 12 y 13 años, con las que habían contactado a través de las redes sociales.
A vueltas con la okupación
La okupación ha sido uno de los temas de ida y vuelta en el debate político, empleado por la oposición para denunciar que el Gobierno, especialmente Unidas Podemos, alienta el fenómeno y protege a los okupas.
Mientras, el Ejecutivo y sus socios replican a los partidos de derecha que usen la okupación como munición electoral cargada de bulos con el único objetivo de generar miedo a los ciudadanos.
Desde Interior y sin diferenciar entre allanamientos de morada (cuando se okupa una vivienda habitual, ya sea primera o segunda residencia) o usurpaciones (okupaciones de inmuebles propiedad de bancos o viviendas vacías) los datos muestran que este delito ha descendido un 11 % en el primer trimestre, con un total de 3.898 frente a las 4.385 de hace un año.
Cataluña, con 1.673, es la comunidad con más okupaciones, muy por encima de las 594 de Andalucía.
En 2022 los delitos de este tipo conocidos por las fuerzas de seguridad registraron el primer descenso de los últimos cinco años, 16.726 frente a los 17.274 de 2021.
La escalada violenta de las bandas juveniles
Tras unos años de inactividad, la escalada violenta de las bandas juveniles se ha convertido en una de las principales amenazas para la seguridad de la Comunidad de Madrid, pero también de algunos municipios limítrofes de las provincias de Toledo y Guadalajara.
La alarma creció cuando el primer fin de semana de febrero del año pasado dos jóvenes de 15 y 25 años fueron asesinados la misma noche en sendas reyertas entre los Dominican Don’t Play (DDP) y los Trinitarios.
Desde entonces otros cinco jóvenes han perdido la vida como consecuencia del enfrentamiento de estas bandas en la región madrileña, algunos de ellos incluso por disparos, en un paso más en su extrema violencia.
Algo que preocupa especialmente, como también la captación de miembros cada vez más jóvenes -incluso de 10, 11 y 12 años- y la mayor presencia de chicas.
El narco que no cesa
A pesar de los continuos golpes policiales, el narcotráfico sigue siendo una de las principales preocupaciones en muchos municipios españoles. No es vano, una gran parte del hachís y de la cocaína que se consume en Europa pasa por España.
El narcotráfico sigue instalado en comarcas españolas, entre ellas el Campo de Gibraltar o algunas zonas de Galicia, como medio de vida de un buen número de familias.
Acabar con él no parece empresa fácil, aunque los intentos de las administraciones sí han dado buenos resultados, como el Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar puesto en marcha por el Ministerio del Interior.
Muestra de ello es el balance de 2022, un año en el que se llevaron a cabo 4.698 operaciones que se saldaron con 5.827 detenidos/investigados y casi 272 toneladas de droga incautadas.
El coto a los robos en el campo
Y en el mundo rural preocupan los robos en las explotaciones agrícolas y ganaderas, principalmente de maquinaria. Para ponerles coto la Guardia Civil puso en marcha hace unos años los llamados equipos ROCA.
El año pasado, estos equipos conocieron 9.693 delitos de sustracciones agrícolas y ganaderas, frente a los 8.238 de 2021, lo que supone una tasa de 12 robos por cada mil explotaciones ubicadas en la demarcación del instituto armado. No obstante, apenas representan el 1,57 por ciento del total de delitos conocidos por este cuerpo.
El 95,15 por ciento de total de estas infracciones se producen en Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Aragón, Canarias y La Rioja.
Solo el año pasado se detuvo o investigó a 1.965 personas por estos delitos, un 13 % más que doce meses antes. El 72 % de ellos eran de nacionalidad española, seguidos por rumanos (un 17 %) y a más distancia por marroquíes (4 %).
