Marina Segura Ramos |
Madrid (EFE).- El escenario para casi diez millones de estudiantes el día después del 28M puede ser muy distinto en función de quien gane las elecciones: podría significar desde una educación obligatoria hasta los 18 años a la progresiva desaparición de la red concertada y tener una educación gratuita desde el nacimiento hasta el doctorado.
Elección tras elección, ya sea autonómica, municipal o generales, los partidos coinciden en las grandes promesas: más inversiones, la mejora de las infraestructuras educativas -construcción, renovación o ampliación de centros-; la reducción de las ratios para facilitar una atención más individualizada; el impulso de la FP y el freno al abandono y al acoso escolar, entre otros.
Sin embargo se abre un cisma cuando las fuerzas políticas abordan temas como el concierto educativo y el bilingüismo en las comunidades autónomas donde existen dos lenguas oficiales.
Si Cs alcanzara la victoria en alguna de las diez comunidades en liza o gobernara en coalición con peso para influir, una de sus propuestas es extender la edad de educación obligatoria hasta los 18 años, porque cree que un año extra en bachillerato o FP contribuye a reducir el abandono escolar temprano y la brecha formativa.
Igual que el PP, Ciudadanos también apuesta por una prueba de acceso a la Universidad única para toda España y un sistema de préstamos similar al que existe en el Reino Unido, a interés cero.
El programa electoral de Unidas Podemos propone una educación gratuita desde el nacimiento hasta el doctorado y una moratoria de los nuevos conciertos educativos y licencias para las universidades privadas, así como una prohibición completa del copago ilegal en los centros subvencionados con fondos públicos.
¿Qué pasa si gana el PP?
Aparte del contenido de su programa electoral de cara al 28M, el partido liderado por Alberto Núñez Feijoó ya ha anunciado que derogará la última reforma educativa del Gobierno socialista porque opina que es lo contrario a la cultura del esfuerzo y el mérito. Por razones distintas también ha avanzado que abolirá la recién aprobada Ley del Sistema Universitario (LOSU).
Una de sus banderas dentro del ámbito educativo es la defensa del derecho a la educación en castellano en comunidades autónomas como Cataluña y la libertad de los padres para elegir el centro educativo donde desean que estudien sus hijos.
Históricamente ha defendido la existencia de la educación concertada, implantada en España en 1985.
La Formación Profesional, una apuesta de todos los partidos
Igual que su principal contrincante socialista, el PP también apuesta por incrementar las plazas de la Formación Profesional, uno de los asuntos “estrella” de la actual legislatura de Pedro Sánchez, unas enseñanzas que por primera vez ha superaron el pasado curso el millón de alumnos matriculados.
En los dos últimos Consejos de Ministros se han aprobado más de 1.800 millones de euros para la Formación Profesional -destinados tanto a la FP del sistema educativo como al del empleo-, que en palabras de la ministra de Educación y FP, Pilar Alegría, es una vía segura para reducir el paro juvenil, elevar la competitividad de las empresas y reactivar el ascensor social a través de la educación.
Otra de sus apuestas, que replican el resto partidos, es avanzar hacia la gratuidad de la escolarización de 0-3 años y la creación de más plazas públicas, aunque en esta cuestión hay división ya que partidos como el PP y Cs no están de acuerdo en potenciar solo la red publica sino la concertada en este primer ciclo de Infantil, cuya presencia es hoy muy relevante en la mayoría de las CCAA.
Aunque en el programa electoral para el 28M del PSOE no se mencionen los conciertos educativos, en su última ley educativa ya frena su extensión y prohíbe que las ayudas puedan ser recibidas por centros que separen por sexo.
En el caso de que Vox resultase decisivo en la formación de gobiernos regionales, una de sus medidas es que las competencias de Educación, junto a Sanidad, Justicia y Seguridad, sean devueltas al Estado, “limitando en todo lo posible la capacidad legislativa autonómica, como paso previo a la creación de un estado unitario, administrativamente descentralizado”.
La libertad de elección de centro educativo
Además propone aprobar una Ley Nacional de Educación “duradera que establezca unos contenidos comunes”; “sacar de las aulas a toda persona o asociación que pretenda ofrecer contenidos afectivo-sexuales sin conocimiento y aceptación por parte de los padres” y “blindar la libre elección de centro en todos los niveles a través del cheque escolar para que las familias elijan el modelo educativo que desean, sin que su situación económica o social sea un impedimento para ello”.
Así como garantizar el derecho “a ser educado en español en todo el territorio nacional y el deber de todos los españoles de conocer la lengua común”.
