Madrid (EFE).- La detención de Koldo García, exasesor de José Luis Ábalos, junto a otras 19 personas se suma a una larga lista de investigaciones sobre compras irregulares de mascarillas y material sanitario durante la pandemia de la covid-19, algunas de las cuales siguen abiertas en juzgados de varias ciudades españolas.
La Guardia Civil ha detenido a una veintena de personas, entre ellas el presidente del Zamora CF, Víctor de Aldama, y Koldo García y ha practicado 26 registros o requerimientos dentro de una operación por el supuesto cobro de comisiones de adjudicaciones fraudulentas de mascarillas en pandemia.
Esta operación es la última de una larga lista que tuvo su caso más mediático en la investigación sobre la presunta malversación de fondos europeos en el contrato de suministro de 250.000 mascarillas FFP2-3 por 1.512.500 euros en el que participó el hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, un asunto que fue archivado por la Fiscalía europea.
La principal consecuencia de ese caso no fue penal, sino política, dado que desató una guerra interna dentro del PP por el presunto espionaje organizado contra Ayuso debido al contrato relacionado con su hermano y que finalmente desembocó con la salida de entonces presidente del partido, Pablo Casado.
El “caso mascarillas” en el Ayuntamiento de Madrid
Mucho más recorrido ha tenido el “caso mascarillas” por una presunta estafa al Ayuntamiento de Madrid en la compraventa de material sanitario en el peor momento de la pandemia de coronavirus, cuando el empresario Alberto Luceño y el aristócrata Luis Medina consiguieron una comisión de más de seis millones de euros.
La Fiscalía solicita de cara al futuro juicio una condena de quince años de prisión para Luceño y nueve años para Luis Medina por delitos de estafa agravada, falsedad en documento mercantil, falsedad en documento oficial y delito contra Hacienda.
Además, existe un segundo caso de supuesta estafa al Ayuntamiento madrileño por parte de la empresa Sinclair and Wilde, que vendió al un lote de 500.000 mascarillas por 2,5 millones de euros, aunque el Consistorio solo pagó la mitad al detectar que faltaban las certificaciones de calidad reclamadas en varias ocasiones.
Investigaciones vinculadas con el narcotráfico
También siguen vivos otros procedimientos que han afectado a altos cargos políticos. El Juzgado de Instrucción número 8 de Barcelona envió a prisión al entonces vicepresidente tercero de la Diputación de Almería Óscar Liria, tras su detención por supuestas adjudicaciones irregulares en la compra de material sanitario.
Fue la primera vez que se detectó un caso de adjudicaciones irregulares y el beneficiario pertenece a una organización vinculada al narcotráfico, afincada en Cataluña.
No es el único caso en Cataluña. Un juzgado investiga por un delito contra la Hacienda Pública a la empresa Basic Devices, a la que la Fiscalía de Delitos Económicos acusa por defraudar 255.550 euros por el IVA de la venta de mascarillas durante la pandemia del coronavirus, entre otros a la Generalitat por valor de 35 millones.
En Canarias, el juzgado que estaba al cargo del llamado “caso Mascarillas” transfirió la instrucción de la presunta estafa de cuatro millones de euros a la sanidad pública de Canarias a la Fiscalía Europea, que se la había reclamado por entender que la presunta estafa había afectado a fondos de la Unión Europea.
Las querellas contra el Gobierno de Sánchez
La polémica de las mascarillas salpicó también al Ejecutivo central con 30 denuncias y 20 querellas contra el Gobierno por la gestión de la pandemia, algunas sobre la contratación de material fallido, que el Tribunal Supremo rechazó por no estar debidamente justificada la autoría de los hechos y acordó remitirlas a los juzgados ordinarios para que investiguen posibles responsabilidades.
La mayoría cargaban contra el presidente, Pedro Sánchez, el exministro de Sanidad Salvador Illa y el director de Emergencias, Fernando Simón. Hasta el momento ningún juez ha elevado una exposición razonada pidiendo al Supremo que investigue a un aforado.
Tampoco llegó lejos la querella que interpuso Vox en 2020 contra tres altos cargos del Gobierno por la tramitación de emergencia de varios contratos de compra de material sanitario en plena pandemia, si bien el juzgado archivó la causa al considerar su actuación “acorde con la situación de emergencia sanitaria mundial”.
