Sevilla (EFE).- La consejera andaluza de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Carmen Castillo, ha asegurado este viernes que la inspección ha constatado que el colegio de la adolescente que se suicidó el martes en Sevilla adoptó una serie de medidas aunque «no le consta» el inicio de los protocolos de acoso ni el de conductas autolíticas.
«Hay que decir, y creo que es importante, que los protocolos son buenos, lo que hay que hacer es cumplirlos. No quiero yo decir que haciendo el protocolo las cosas van a cambiar, pero si no lo hacemos, no podemos evitarlo y esa es la idea del protocolo», ha advertido la consejera en declaraciones a los periodistas en Jerez de la Frontera (Cádiz).
El Colegio las Irlandesas de Sevilla, al que pertenecía la joven, adoptó una serie de medidas a petición de la familia, entre ellas un cambio de clase que, según Castillo, es una «medida habitual», para separar al alumno, y «extremar la vigilancia» en momentos en que los alumnos tienen mayor interacción -intercambios de clases o en los recreos-.
No obstante, ha explicado que lo que su consejería conoce hasta el momento es que «no consta el inicio de ninguno de los dos protocolos que de alguna manera tenían que haberse abierto con los indicios que tenemos en este caso», uno para prevenir el acoso escolar y el otro para la prevención de las conductas autolíticas.
«Responsabilidad de todos»
Tras recordar que a la vista de los indicios se ha dado traslado de la información recabada a la Fiscalía por si hubiera responsabilidades de tipo penal, Castillo ha insistido en que estas situaciones «son responsabilidad de todos, no solo de los centros educativos», de los que ha dicho que realizan «un esfuerzo grandísimo».
Ha recordado la influencia de las redes sociales en este tipo de conductas, de la misma forma que pueden ocurrir fuera del horario escolar o incluso en las vacaciones, de forma que «se puede trabajar a la hora de los centros educativos, pero no fuera», y es entonces «cuando necesitamos la colaboración de todos».
La consejera ha aclarado que «responsabilidades hay siempre», y se debe comenzar por «quienes tendrían que supervisar que no se produzcan estas situaciones, pero también «sobre quién participa en esas situaciones porque estamos hablando de adolescentes, pero son adolescentes mayores de 14 años, que pueden tener responsabilidad».
Según Castillo, un niño de 5 años no es consciente de sus actos pero quien tiene 14, 15 o 16 años ya sabe lo que está haciendo y quizá habría que hacer ver a las familias el proceder de esos adolescentes que podrían haber «participado» en una situación como la sufrida por la joven sevillana.
«En este centro o en cualquier centro, de Andalucía o de cualquier sitio, que recuerden que muchas veces nuestros hijos se equivocan y hay que decirles: nos equivocamos», ha recalcado.
Ha indicado que más allá de las responsabilidades que se pueden derivar en vía judicial existen responsabilidades desde el punto de vista administrativo y por eso se ha requerido al centro para que inicie las actuaciones correspondientes y cuando se terminen esos expedientes administrativos se llegará a la conclusión.
Protocolos
Además ha explicado que en el caso de ambos protocolos, cuando cualquiera traslada a un centro la situación o la sospecha de que un alumno pudiera ser objeto de una situación de acoso, lo que tiene que hacer ese centro educativo es abrir un protocolo que está «bien establecido» con una serie de pasos.
Ha considerado que el protocolo de prevención de conducta autolítica es un poco más complejo porque intervienen otros factores como la salud mental y los servicios sociales, pero ha reiterado que en el momento en el que se detecta una situación de riesgo «se pone en marcha ese protocolo que tiene hasta 11 pasos distintos».
Castillo ha señalado que el centro educativo se ha puesto a disposición de la delegación territorial y de la consejería para facilitar toda la información y la que han aportado se le ha trasladado a la Fiscalía.
La familia de la menor emprenderá acciones legales
Por su parte, la familia de la menor ha anunciado este viernes que emprenderá «todas las medidas legales necesarias» ante la inacción del centro escolar.
Así lo ha dicho a los periodistas el portavoz de la familia y tío de la menor, Isaac Villar, quien ha asegurado que la única medida que tomó el centro fue cambiar a las presuntas acosadoras de aula, y que fue a petición de la madre de la adolescente.
«Iniciamos ya los trámites (para tomar acciones legales), y lo único que esperamos con esto es que se llegue al fondo, se aclare lo sucedido y se depuren las responsabilidades que haya, y que se actúe sobre todo el que sea responsable de la forma que sea», ha señalado Villar.
El tío de Sandra, la menor de 14 años, ha explicado que esta situación que venía padeciendo comenzó hace más o menos un año, y que se acentuó en verano, momento en el que la joven comenzó a tener ayuda psicológica.
La familia denunció hasta en dos ocasiones estos hechos, la primera vez a principios de año y la segunda antes del inicio del actual curso académico, con una denuncia ya formal.
En ninguna de las dos ocasiones, el centro se puso en contacto con ellos, ni tomó ningún tipo de medida, e incluso, ha denunciado Villar, el profesorado con el que han hablado «no recibió nunca una comunicación de que esta denuncia se hubiera presentado».
Pese al cambio de aula, el presunto acoso continuó porque seguían coincidiendo en el patio, en los pasillos y en alguna clase en común, ha detallado.
«Ojalá esto sirva para que todos tomemos conciencia de lo que está ocurriendo y que no se vuelva a ver a nadie más en lo mismo», ha deseado el tío de la joven.
