Madrid (EFE).- Pese a ser el quinto país del mundo en capacidad de regulación hídrica, las presas padecen en España una elevada vulnerabilidad debido a su antigüedad, la escasa inversión en mantenimiento y la ineficiencia en la gestión de su seguridad, según la Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y la Ingeniería Civil (Aiccpic).
El 75 % de las 375 presas de titularidad estatal carecen de hecho de planes de emergencia, el 65 % necesita renovar los sistemas de auscultación, el 30 % precisa refuerzos estructurales y el 50 % demanda rehabilitación, según el informe presentado por los expertos que participaron este martes en la jornada ‘Seguridad de las presas españolas: una prioridad inaplazable’.
Estas cifras generan preocupación, considerando que el 40 % de las presas están clasificadas como Categoría A, lo que significa que su ruptura “afectaría gravemente” a la población cercana: más de 110.000 personas sólo junto a la presa de Forata (Valencia) y más de un millón en todo el litoral mediterráneo.
Problemas
El vocal de la junta directiva de la Aiccpic, Jesús Contreras, ha insistido en que uno de los problemas principales es el envejecimiento de estas infraestructuras, ya que la media de las presas españolas es de 50 años, aunque más de 600 superan esta cifra y al menos 100 tienen más de un siglo de antigüedad.
🚨 La CHJ admite que 26 de sus 27 presas carecen de plan de emergencia, casi un año después de la DANA de Valencia.
— Asociación de Ingenieros de Caminos, C y P (@AICCPIC) October 14, 2025
El envejecimiento y el abandono ponen en riesgo un servicio público básico.
📅 21/10 · Jornada “Seguridad de las presas españolas”
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El informe también ha identificado una reducción de la inversión pública del 57 % y un descenso de la ejecución del 29 % de lo previsto en los Planes Hidrológicos y de Gestión de Riesgos de Inundaciones.
“Lo más grave es que los planes de emergencia no están implantados en las presas y eso es fundamental para evitar sucesos como el de Ribadelago”, ha asegurado Contreras recordando la rotura de la presa de Vega de Tera (Zamora) que se cobró la vida de 144 personas en 1959.
En el caso de la dana de Valencia del año pasado, «la presa de Forata carecía de plan de emergencia y no había forma de avisar a la gente de una posible rotura, que estuvo muy cerca, a un 1 metro, de producirse”, ha precisado.
Normativa ambigua
España cuenta con 2.453 presas en explotación, de las cuales 1.300 son catalogadas como «grandes presas» destinadas a “abastecer a la población, sostener la agricultura, generar energía renovable y actuar como barrera frente a incendios”, entre otros aportes.
Según los técnicos de la Aiccpic, la normativa técnica de seguridad vigente es “ambigua y deficiente” pues sólo constituye un “marco de referencia” y no tiene carácter vinculante, por lo que «no aplica al 95 % de las presas» y además “omite aspectos esenciales como el impacto del cambio climático”.
Para Contreras, existe una «falta de independencia del órgano gestor» que deriva en “carencias graves en recursos humanos cualificados” con responsables de dirección de equipos “sin formación adecuada”.
Manifiesto
Entre los participantes en la jornada, el consejero delegado del Canal de Isabel II, Mariano González, ha pedido reconocer «los muchos esfuerzos de los ingenieros de caminos” y ha hecho un llamamiento “a la cordura” política para gestionar el agua con «rigor».
En ese sentido, el presidente del Instituto de la Ingeniería, José Trigueros, ha defendido que la demolición precipitada de este tipo de infraestructuras «pone en riesgo a miles de personas» y ha lamentado que su gestión, seguridad incluida, «es un servicio público que no se está prestando bien a los ciudadanos».
Por ello, la Aiccpic ha elaborado un manifiesto en el que lanza una “llamada a la responsabilidad” que incluye seis recomendaciones que forman parte de un plan integral de conservación y seguridad de presas.
Estas recomendaciones son: un incremento “sustancial” de la inversión en mantenimiento y modernización, la implantación generalizada de planes de emergencia, la creación de un Consejo de Seguridad de Presas con independencia y financiación propia, el restablecimiento del Servicio de Vigilancia de Presas, la actualización de la normativa de seguridad y una moratoria en los planes de demolición de estas infraestructuras hasta recibir una evaluación técnica, ambienta, energética y patrimonial.
