Madrid (EFE).- Tras cuatro jornadas escuchando, sentado junto sus abogados, lo que ocurría en el juicio en el que está acusado de revelación de secretos, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, toma la palabra este miércoles para negar una vez más que filtrase el correo sobre la pareja de Isabel Díaz Ayuso.
Ya lo hizo el primer día del juicio en la que ha sido hasta el momento su única intervención. «No», respondió cuando el presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo le preguntó si se consideraba responsable de los delitos que se le imputan.
«Rotundamente no», llegó decir en varias ocasiones meses antes, en enero, cuando declaró ante el juez instructor y negó tajante haber filtrado o haber ordenado divulgar información reservada de la causa por fraude a Hacienda a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid.
El borrado de sus dispositivos
Además de negar haber filtrado el correo del 2 de febrero de 2024 en el que el abogado de la pareja de Díaz Ayuso asumía en su nombre un fraude a Hacienda en busca de un pacto, García Ortiz asumió en primera persona la responsabilidad en la nota de prensa de la Fiscalía para aclarar informaciones que atribuían la iniciativa de ese pacto al fiscal y no al letrado.
Con toda probabilidad, será preguntado por el borrado de sus dispositivos y de su cuenta de correo -una acción que el fiscal general justificó en las amenazas que recibía-.
Estos aspectos fueron tomados como indicios por el juez instructor, pero García Ortiz dejó claro que borra «absolutamente todo» y «de manera regular» porque su teléfono alberga datos «ultrasensibles» que pueden afectar a la seguridad del Estado, y lo hace por «imposición legal».
Los agentes de la UCO apuntan al fiscal general
En la jornada de este miércoles, los agentes de la Guardia Civil que elaboraron los informes de la causa contra el fiscal general del Estado han destacado que «durante todo el proceso lo que se ve es un dominio a todos los niveles del fiscal general» que es «evidente» porque «todo lo que se ha filtrado estaba en Fiscalía General del Estado».
Estos agentes de la UCO han reconocido que no hallaron pruebas directas de la difusión del correo clave sobre la pareja de Isabel Díaz Ayuso por parte del fiscal general dado que su móvil y su email habían sido borrados.
«El dominio de toda esa acción corresponde al fiscal general del Estado, como es normal en una institución jerarquizada. Él da instrucciones, a través de la fiscal provincial», ha señalado uno de los agentes, si bien otro le ha interrumpido: «Y de Lastra», la fiscal superior de la Comunidad de Madrid.
El agente ha reiterado que «en el proceso se ve un dominio (de García Ortiz) por jerarquía» porque «lo que haga esa Fiscalía General del Estado no lo va a hacer sin el conocimiento o el dominio, como órgano jerarquizado, del fiscal general». Una afirmación que ha sido contestada por el fiscal: «Eso es una deducción suya enteramente libre».
Varios agentes avalan la copia total de los dispositivos
Antes de su interrogatorio, varios agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han justificado el volcado «total» de los dispositivos electrónicos del fiscal general del Estado porque es «imposible» un «volcado selectivo» por cuestiones técnicas u operativas durante el registro.
La jornada ha comenzado con los detalles de los registros inéditos de la UCO el 30 de octubre de 2024 en el despacho oficial del fiscal general y de la fiscal jefa de Madrid, que quedó fuera del procedimiento.
Unos registros que dieron lugar a informes claves de la causa y que tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado han impugnado desde el inicio al considerarlos nulos por una amplia vulneración de derechos fundamentales, tal y como expusieron al inicio del juicio.
Durante sus declaraciones, los agentes de la UCO han relatado que aquel día hicieron un volcado «integral» de los dispositivos electrónicos del fiscal general del Estado, salvo en el caso del ordenador de mesa, donde hubo una «selección específica».
Esa selección específica, según uno de los agentes, se ciñó a la información que podía ser del 8 de marzo en adelante -como ordenó el juez-. Otro compañero suyo ha indicado que se incautaron los «archivos de interés» indicados por el jefe del dispositivo, si bien no ha recordado si estaban limitados a una fecha concreta.
La Abogacía del Estado, que defiende al fiscal general, ha puesto hincapié en si los agentes respetaron el «marco temporal» impuesto por el juez -del 8 de marzo al 30 de octubre- para incautar la información o el volcado fue «desproporcionado», como así lo puso de manifiesto, junto al Ministerio Fiscal, durante el registro.
«En la medida de lo posible, había que hacer eso, pero si técnicamente no se puede, se hace lo que hicimos; es lo que habitualmente nos toca hacer», ha justificado un agente.
A preguntas de la defensa, los agentes han explicado que hicieron un copiado total de los móviles del fiscal general, de sus tres cuentas de correo electrónico, de la información depositada en la nube y también del disco duro con información del anterior ordenador de sobremesa.
En el caso de los móviles, ha explicado uno de ellos, la herramienta «no permite hacer una extracción parcial de la información». «Técnicamente es imposible hacerlo de otra forma, hay que hacer un volcado total», ha dicho otro.
Los miembros de la UCO han incidido en que era tal el volumen información que «revisar uno por uno los archivos» durante un registro «es inviable». Se necesitarían semanas, ha apuntado uno.
