Madrid (EFE).- El Tribunal Supremo revisa este jueves los indicios que acercan a juicio al exministro de Transportes José Luis Ábalos y a su exasesor Koldo García por presuntas comisiones en contratos públicos de mascarillas en pandemia y que les han llevado a prisión preventiva al percibir el juez un riesgo «extremo» de fuga.
Los magistrados de la Sala de lo Penal Antonio del Moral, Juan Ramón Berdugo y Pablo Llarena se reúnen esta mañana a puerta cerrada para estudiar los recursos que las defensas de Ábalos y García presentaron contra el auto en el que el magistrado Leopoldo Puente los procesaba por varios delitos, como organización criminal, cohecho o malversación.
Fuentes jurídicas informan a EFE de que la Sala no prevé adelantar el fallo.
Colaboración del también investigado Víctor de Aldama
Se trata de la pieza principal del denominado caso Koldo y la más avanzada, en la que también está procesado el presunto comisionista Víctor de Aldama, quien disfruta de una mejor situación procesal que los otros dos investigados en virtud a la colaboración con la justicia que le reconocen las acusaciones y el juez.
En esta parte de la causa, centrada en presuntas comisiones irregulares en adjudicaciones de contratos de mascarillas en plena pandemia, Ábalos y Koldo García afrontan peticiones de hasta 30 años de prisión, y Aldama, que permanece en libertad, siete años.
Fueron esas elevadas peticiones de cárcel para el también ex número tres del PSOE y su asesor y la cercanía del juicio lo que motivaron que el juez, a petición de la Fiscalía y las acusaciones, decidiese enviarlos a prisión preventiva hace una semana.
Este jueves la Sala de Apelación analizará si la investigación -que arrancó en el Supremo a finales de 2024 pero que deriva de la Audiencia Nacional- ha conseguido recabar suficientes indicios para sentarlos en el banquillo junto con Aldama en el que sería el primer juicio del caso Koldo.
Pago de 10.000 euros mensuales a Koldo y gastos a Ábalos
Según la tesis del instructor y de las acusaciones, los tres se habrían concertado para aprovechar el cargo de Ábalos en el Gobierno y en el PSOE y favorecer así la contratación pública de ciertas empresas introducidas por Aldama «a cambio del correspondiente beneficio económico» para los tres.
Entre las presuntas contraprestaciones investigadas figura el pago de 10.000 euros mensuales de Aldama a Koldo García de 2019 a 2021 o el abono de ciertos gastos del exministro.
Y además de las presuntas mordidas, el juez también vio indicios de delito en la contratación pública de mujeres vinculadas al exministro -una de ellas sin ir siquiera a trabajar- e incorporó en su relato de hechos la presunta influencia de Ábalos para publicar un comunicado institucional favorable al rescate de Air Europa en 2020.
Ábalos niega que vaya a fugarse
Ábalos ha recurrido su ingreso en prisión en provisional por el caso Koldo, hace justo una semana, con el argumento de que si existiese riesgo de fuga no habría acudido «sin resistirse» y «como un cordero al matadero» a la vistilla, que convocó el juez con una semana de antelación, y tras la que acabó entrando en la cárcel.
En su recurso, de 49 páginas y al que ha tenido acceso EFE, el abogado de Ábalos, Carlos Bautista, critica que el magistrado no haya adoptado otras medidas menos lesivas que la cárcel -como una fianza-, lo que le hace pensar que la medida de prisión «tiene como objetivo fomentar una declaración colaborativa al estilo de la del imputado Aldama tras su paso por un centro penitenciario».
«Sorprende que el auto recurrido diga que no se está ya en tiempo para hacerlo», el colaborar con la Justicia, lamenta al mismo tiempo el letrado, que considera que esa observación «supone olvidar la propia doctrina sentada» por el propio magistrado del Tribunal Supremo que le mandó a prisión, Leopoldo Puente, en una de cuyas sentencias, que reproduce el recurso, defiende la figura de la confesión tardía como atenuante.
Cuestiona que se haya enviado a la cárcel a un diputado sin haber valorado «la afectación» a sus derechos políticos, siendo además una medida que impacta «directamente en los derechos colectivos de los ciudadanos que lo han elegido».
«Yerra el Excmo. Sr. Instructor cuando afirma que la incidencia de la prisión provisional sobre el derecho de representación política de los ciudadanos es una cuestión a valorar por el Congreso de los Diputados», asegura el abogado.
