Madrid (EFE).- El Congreso va a tramitar la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad tras rechazar la enmienda a la totalidad de devolución presentada por Junts, ya que el PNV ha retirado finalmente la suya para incluir cambios durante su tramitación que eliminen invasión de competencias.
En el último pleno del Congreso de los Diputados del año, solo han votado a favor del veto los diputados de Junts, mientras que PP y Vox se han abstenido. El resto -hasta 171 votos con PSOE, Sumar, ERC, PNV, Coalición Canaria y EH Bildu- han votado en contra.
El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, se ha comprometido a que la reforma cuente con «la financiación necesaria para ser viable y salir adelante» y ha agradecido la colaboración y el apoyo unánime de las entidades sociales, muchas de ellas presentes este jueves en el hemiciclo.
«Este país lo necesita y lo vamos a necesitar cada uno de nosotros»
«Este país lo necesita y lo vamos a necesitar cada uno de nosotros», ha aseverado Bustinduy, quien ha recalcado que la reforma «no es del ministerio, ni del gobierno de coalición, sino del país» y con el empuje de las asociaciones.
Para Junts «es una contundente invasión competencial» y con «una visión centralista y sin ningún tipo de garantía sobre los recursos económicos necesarios», ha señalado Josep Maria Cruset Domènech.
El diputado catalán ha lamentado la presión a Junts para apoyar una ley «pésima» para Cataluña: «No nos hará movernos de la defensa de los catalanes», ha aseverado Cruset, quien ha añadido que no regalan sus votos «a cambio de nada» o «de una ley nefasta».
El PNV ha retirado su enmienda a la totalidad pese a que sigue manteniendo que la norma «no respeta el ámbito competencial», ha argumentado Maribel Vaquero, aunque pedirá una decena de cambios competenciales a través de enmiendas parciales «que además de respetar las competencias, introduzcan mejoras».
El diputado del PP Enrique Belda ha trasladado en el debate el «firme compromiso» de su líder, Alberto Núñez Feijóo, con la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, aunque ha advertido que «sin los presupuestos se cae todo el edificio de los derechos que se están articulando».
El PSOE no entiende por qué Junts pide la retirada de la reforma
El PSOE ha dicho no entender por qué Junts ha pedido la retirada de la reforma que persigue afianzar derechos y que cuando cuenta con el respaldo de las entidades sociales catalanas: «Las personas con dependencia nos están esperando, estemos a la altura».
Desde Sumar, Lander Martínez ha argumentado que el texto puede mejorarse en la tramitación: «Es una ley de país construida con los movimientos sociales, como ley de país hagamos de un consenso social un consenso político».
«Invade competencias, pero se puede solucionar», ha señalado Jordi Salvador, de Grupo Republicano, quien ha advertido que «sin financiación quedará en papel mojado».
También EH-Bildu ha defendido mejorar «lo necesario» con enmiendas: «Espero que esta vez sí se cumplan los compromisos y respeten las competencias de los territorios históricos», ha dicho Isabel Pozueta.
Noemí Santana, de Coalición Canaria, ha apoyado la tramitación. «Esperamos que más allá de las palabras bonitas, sea una ley para garantizar derechos».
Para Vox «no es esta la reforma de la dependencia que necesita España», ha aseverado Rocío de Meer.
Algunas de las medidas y servicios que incorpora la reforma de ambas leyes:
- Nuevos servicios, como cuidados y apoyos en viviendas compartidas y modelos de convivencia colaborativa.
- Préstamo de productos de apoyo como sillas de ruedas eléctricas, andadores, camas articuladas o asistentes de voz.
- Extensión de la prestación económica para cuidados familiares hasta el último día del mes en el que se produzca el deceso de la persona dependiente.
- Amplía la prestación económica para cuidados en el entorno familiar a personas allegadas o convivientes.
- Servicios transitorios para dependientes en grado II o III cuando no pueda acceder de inmediato al recurso que ha solicitado.
- Más ayuda en el domicilio para tareas como ir al médico o a hacer la compra.
- Teleasistencia universal que debe combinarse con otros apoyos.
- Apertura de los centros de día para prestar apoyos también fuera de sus instalaciones como en domicilios.
- Nuevos derechos, como el de decidir sobre las prestaciones y los servicios, garantizar su derecho a permanecer en el entorno elegido, a recibir una atención libre de sujeciones y a la atención sanitaria, incluyendo a las personas en residencias.
- Calidad del empleo de los cuidados. Se calcula que para 2030 el Sistema de la Dependencia necesitará, al menos, 260.000 trabajadoras más para asegurar su sostenibilidad.
- Menos burocracia y más agilidad. Reconocimiento automático de un 33 % de discapacidad a las personas con grado I; con grado II o III serán reconocidas con el 65 % de discapacidad.
- Reconocimiento de la accesibilidad universal, que será reivindicable ante cualquier instancia, de forma que se puede exigir la accesibilidad en edificios o en servicios que sean públicos.
