Teresa Díaz |
Madrid (EFE).- El año que acaba ha traído una lluvia de dinero al sector de la Defensa con un incremento de más de 10.000 millones para llegar al 2 % del PIB en gasto militar, muy lejos del objetivo del 5 % exigido por los aliados y en especial por el presidente estadounidense, Donald Trump, que ha reprendido con dureza a España una y otra vez.
El Gobierno se mantiene firme en su apuesta por limitar el incremento al 2 %, al igual que en su decisión de prescindir de la tecnología militar israelí tras la masacre perpetrada en Gaza, posiciones que han suscitado duras críticas del mandatario estadounidense y del Ejecutivo israelí.
En este contexto, en el mes de abril el Ejecutivo aprobó el Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa. Un total de 10.471 millones de euros adicionales para este ejercicio en respuesta a un panorama internacional marcado por el creciente desafío ruso, la aparición de nuevas amenazas híbridas y el replanteamiento de la alianza atlántica.
Reforzar la seguridad y defensa, reindustrializar y dar un nuevo impulso tecnológico a la economía, cumplir los compromisos con sus aliados y consolidar a España como un actor central en la Unión Europea son sus principales objetivos.
La presión de Trump
En la cumbre de la OTAN celebrada en La Haya en el mes de junio el Gobierno español se quedó solo al no suscribir el objetivo del 5 % del PIB con el argumento de que podía cumplir los compromisos de capacidades asumidos con la Alianza invirtiendo solo el 2,1 % al que se comprometió.
Desde entonces, Trump, cada vez que ha tenido ocasión, ha cargado contra España amenazando con imponer aranceles si no sube el gasto en defensa e, incluso, ha sugerido su expulsión de la OTAN, lo que ha elevado la tensión entre ambos países.
Unas críticas a las que se han sumado desde la OTAN. Su secretario general, Mark Rutte, cree que España no puede cumplir los objetivos de capacidad exigidos por la Alianza invirtiendo menos del 3,5 % del PIB.
España, un socio leal y comprometido
Frente a ello, el Gobierno ha insistido una y otra vez en que España es un socio serio, leal y comprometido y ha restado importancia a las sucesivas declaraciones en las que Trump reprochaba a nuestro país su escasa inversión.
La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha ido incluso más lejos al presumir de las buenas relaciones con Estados Unidos. Recientemente, el pasado mes de noviembre reveló haber recibido un comunicado del Pentágono en el que reconocía que España es un aliado «comprometido» con la Alianza Atlántica.
La encendida defensa de Robles a la lealtad de España con los aliados, le ha llevado en alguna ocasión a poner en duda que muchos de los países que suscribieron el 5 % del PIB puedan cumplir su compromiso. «Ya veremos qué pasa en 2035 y si los países que dicen que van a cumplir, lo hacen», ha subrayado.
La desconexión con Israel
El plan industrial establece que 8 de cada 10 euros se ejecutarán en España y 9 de cada 10 dentro de la UE. El euro restante se destinará a la adquisición de piezas de repuesto o componentes imprescindibles que, a día de hoy, no se producen en Europa, y que se comprará a países aliados.
El Ejecutivo ha emprendido ya el camino hacia la soberanía estratégica y el primer paso ha sido la desconexión tecnológica con Israel, país del que dependen muchas de las capacidades militares que utilizan los ejércitos y la Armada y los componentes que se usan en la industria de defensa nacional.
Ya en el mes de mayo, apenas un mes después de aprobarse el plan industrial y tecnológico, la secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, anunciaba que ya se estaba trabajando en «planes de desconexión» para no depender de Israel. Una decisión, según el Gobierno, que va en coherencia con su postura respecto al «genocidio» palestino.
El 23 de septiembre, un real decretó consolidó jurídicamente la importación y exportación de armas a Israel, aunque antes Defensa ya había anulado dos contratos con empresas israelíes por valor de casi 1.000 millones de euros, entre ellos, la adquisición de lanzacohetes de alta movilidad Silam y el sistema de misiles contracarro Spike L.R., ambas capacidades destinadas al Ejército de Tierra.
Vehículos de combate, buques, aviones de instrucción…
Desde el pasado mes de abril, ha sido raro el Consejo de Ministros que cada martes no haya autorizado partidas millonarias para los 31 Programas Especiales de Modernización (PEM), uno de los principales ejes del plan.
Los PEM abarcan desde vehículos de combate sobre cadenas y la actualización de artillería autopropulsada, hasta radares de localización de fuego indirecto y nuevos sistemas de movilidad táctica, como los vehículos lanzapuentes.
También incluye un nuevo buque logístico de aprovisionamiento en combate para sustituir al ‘Patiño’, la modernización de fragatas F-100 con nuevas capacidades, mejoras en los buques anfibios y la incorporación de un nuevo buque hidrográfico oceánico, así como un moderno sistema de guerra electrónica.
En el ámbito aéreo, se refuerza la capacidad de entrenamiento con la adquisición de nuevos aviones de instrucción, se impulsa el reemplazo de los antiguos C-212 Aviocar por plataformas modernas de transporte táctico, y se avanza en el futuro sistema europeo de combate aéreo FCAS.
La compra de helicópteros multipropósito destinados a misiones de transporte, evacuación y apoyo logístico y dos satélites radar de apertura sintética (PAZ-2) son otras de las capacidades que contemplan.
Una ventana de oportunidad para la industria
El Gobierno cree que el plan contribuirá a consolidar el crecimiento económico de España y estima un impacto de entre 0,4 y 0,7 % en el PIB en el corto plazo.
Además, considera que ayudará a modernizar y dinamizar el tejido empresarial de todas las comunidades autónomas, creará más de 96.000 nuevos empleos directos e indirectos, e impulsará una nueva ola de innovación tecnológica y desarrollo industrial en España.
La industria española vive con euforia este nuevo ciclo inversor y las empresas confían en aprovechar la ventana de oportunidad que se les abre para poder dotar a las Fuerzas Armadas de las capacidades que requieren en el nuevo contexto geopolítico.
Indra, la gran beneficiada de los préstamos del Gobierno para los PEM, quiere poner en valor en estos programas su papel de empresa tractora de la industria de la defensa, activando su red de más 1.000 proveedores e incorporando a otros más de 200 nuevos socios industriales.
De esta forma coge el guante lanzado por el Ministerio de Defensa que ha pedido a esta compañía que «ejerza un liderazgo abierto, responsable, que impulse al sector, incorporando a todo el ecosistema”, en palabras de la ‘número dos’ de Defensa.
