Enrique Rodríguez de la Rubia |
Madrid (EFE).- Un fiscal general del Estado condenado, dos secretarios de Organización del PSOE encarcelados, un apagón sin precedentes que dejó a casi toda España a oscuras durante horas, un verano en llamas por los incendios o el fenómeno Rosalía son algunas de las noticias que han copado portadas e informativos este 2025.
Estos han sido los diez temas que han marcado el año que ahora termina y en el que se ha cumplido el medio siglo de la muerte de Franco:
Tsunami de corrupción
Pedro Sánchez llegó a la Moncloa en 2018 gracias a una moción de censura presentada para limpiar la vida pública de corrupción tras la condena al PP por el caso Gürtel. La defendió en la tribuna del Congreso y en nombre de los socialistas José Luis Ábalos, ahora en prisión.
Y es que siete años después, son precisamente los casos de presunta corrupción los que cercan el entorno político y personal del presidente del Gobierno. Las investigaciones de la mayoría de estos casos no comenzaron este año, pero en 2025 se han desplegado con toda su crudeza.
Su esposa, Begoña Gómez y su hermano David, imputados, y dos de sus secretarios de Organización en el PSOE y personas de su máxima confianza –Santos Cerdán y el propio Ábalos- cada vez más cerca del banquillo o entre rejas.
A ello se añade la derivada de la exmilitante del PSOE Leire Díez, señalada por algunos como la «fontanera» de Ferraz, detenida y puesta en libertad con medidas cautelares por supuestos contratos irregulares. Además está acusada de buscar información sensible para silenciar a los agentes que investigan las tramas corruptas.
En todo ese tiempo, Pedro Sánchez ha mantenido que ha actuado desde el primer momento contra las manzanas podridas, que nada sabía de los negocios ilícitos de sus antiguos colaboradores, que desconocía la relajada vida personal que arrastraban y que los procesos judiciales contra su esposa y su hermano -que pone en cuestión- quedarán en nada.
La estabilidad del Gobierno, a prueba
Durante meses, los casos de supuesta corrupción que han ido salpicando a los socialistas no parecían haber afectado al apoyo de sus socios.
La línea roja que se habían marcado es que esos negocios particulares de Cerdán, Ábalos, Koldo García o Leire Díez no ocultaran también una fuente ilegal de financiación del PSOE. A partir de ahí, partidos como ERC, se repensarían su respaldo parlamentario al Gobierno.
Junts, el partido de Carles Puigdemont, que llevaba amagando durante meses con abandonar cualquier tipo de colaboración con el PSOE, anunció el pasado 27 de octubre que rompía el pacto de investidura.
Sin los siete votos de Junts, el Gobierno lo tiene aún más difícil para sacar cualquier iniciativa legislativa.
Prueba de ello, es el rechazo por dos veces del Congreso a la senda de estabilidad, paso previo para la presentación de los Presupuestos Generales del Estado, que el Ejecutivo se ha visto obligado a prorrogar durante toda la legislatura.
Los casos de abuso sexual en el PSOE
Más daño parece haber causado a la estabilidad del bloque de investidura el «me too» que se ha extendido entre las filas socialistas por casos de acoso sexual protagonizados por el exasesor de Moncloa, Paco Salazar y otros dirigentes locales.
Un escándalo que impacta de lleno en la línea de flotación de su ideario feminista y en la confianza de sus socios y votantes.
Sumar, aliado en el Gobierno de coalición y que hasta ahora se mantenía firmemente unido al PSOE, ha dado un giro y pide ya con urgencia cambios en el Ejecutivo.
«Así no podemos seguir», ha resumido la vicepresidenta Yolanda Díaz, mientras que el PNV, que suele ser prudente en sus opiniones, cree que la única salida son las elecciones si Sánchez no detiene la “hemorragia” de escándalos.
Pese a la señales de alerta y la exigencia de elecciones por parte del PP de Alberto Núñez Feijóo, Sánchez, fiel a su legendario manual de resistencia, ha defendido que es el momento de dar la cara y seguir gobernando, de estar «a las duras y a las maduras» y actuar con contundencia.
El fiscal, condenado, la independencia judicial, cuestionada
Otro hecho inédito de este 2025 ha sido la condena a un fiscal general del Estado en ejercicio. El 20 de noviembre se conocía el fallo. Dos años de inhabilitación para Álvaro García Ortiz por revelación de secretos relacionados con la investigación por delito fiscal a la pareja de Isabel Díaz Ayuso.
Un caso de alto voltaje político y jurídico, que ha abierto intensos debates sobre la relación de los periodistas con sus fuentes y que también ha generado ríos de tinta sobre el supuesto papel de Moncloa en la filtración, la autonomía de la Fiscalía y, sobre todo, la independencia del Tribunal Supremo.
El Gobierno ha dicho acatar la decisión judicial, aunque ha discrepado abiertamente de los argumentos para la condena. El ministro Óscar López los ha calificados como poco creíbles o incluso ridículos, llegando a decir que conoce «guiones de Hollywood» con menos creatividad que la sentencia.
El cuestionamiento continuo de la independencia judicial desde todos los ámbitos ha tenido su repercusión en la opinión de los ciudadanos.
En mayo pasado, el CIS reveló que nueve de cada diez españoles creen que la justicia no trata igual a los políticos que al resto de ciudadanos y ocho de cada diez duda de su imparcialidad en los procesos que afectan a los partidos.
Con este escenario, todo indica que si el Tribunal Constitucional termina dando la razón al fiscal serán otros los que también pongan en duda su independencia.
El gran apagón
El 28 de abril de 2025 será recordado en España como el día del gran apagón, de las radios a pilas, las linternas y las velas, de la comida fría y de miles de personas volviendo a casa a pie.
También será recordado como un día en el que, a pesar del desconcierto, no hubo incidentes graves y los servicios esenciales funcionaron con relativa normalidad. La mayoría de los ciudadanos se adaptaron con estoicismo a la situación.
Algunos incluso, decidieron que era el momento de beberse toda la cerveza de los bares, ante el peligro cierto de que se calentaran.
Del corte se ha culpado al excesivo peso de las energías renovables en la generación eléctrica, un hecho que sin el debido respaldo de otras fuentes induce al sistema a oscilaciones críticas de tensión.
Sea como fuere, lo cierto es que las casas de muchos españoles se han aprovisionado desde entonces de reservas de agua embotellada, dinero en efectivo, cocinas portátiles de gas, pilas y latas en conserva.
Elementos que la UE incluye en su ‘kit de emergencia’, una recomendación lanzada en marzo pasado para que los ciudadanos puedan ser autosuficientes durante al menos 72 horas en caso de crisis o catástrofe.
De momento, el kit sigue guardado en el cajón.
Mazón dimite un año después
Tuvo que pasar un año completo desde la dana para que el 3 de noviembre Carlos Mazón presentara su dimisión.
Doce meses en los que se fueron acumulando sospechas, versiones contradictorias y silencios sobre lo que hizo aquella tarde aciaga.
Esa larga comida, que se alargó hasta bien entrada la tarde, mientras a esas horas perecían ahogadas o arrastradas por el agua más de 200 personas.
La investigación judicial de la jueza de Catarroja sigue aportando indicios sobre la descoordinación, cuando no la negligencia dolosa, de los responsables políticos de la emergencia a la hora de dar información a la población de lo que se les venía encima.
El mensaje de alerta a los móviles llegó muy tarde, cuando el agua arrasaba ya con casas, negocios, coches y vidas humanas.
En todo este tiempo la administración autonómica y el Gobierno central han tratado de culparse mutuamente de falta de previsión antes de la riada y de no volcarse con las ayudas y la reconstrucción después.
Una pelea política, con varias comisiones de investigación parlamentarias, que no tiene visos de aplacarse y que durará al menos hasta las próximas elecciones.
La economía crece a buen ritmo, la vivienda disparada
A diferencia de la convulsa situación política, la economía española se mantiene en unos buenos datos, con una de las tasas de crecimiento más altas de los países de la zona euro.
La Comisión Europea estima un crecimiento de casi el 3 por ciento del PIB para el final de 2025, al tiempo que la tasa de paro se va a quedar por debajo del 11 por ciento, algo inferior a como empezó el año.
El empleo también sigue al alza y ha crecido este año alrededor del 2 por ciento, en tanto que la inflación se ha ido moderando en valores algo por encima del 3 por ciento.
A pesar de que la cifras macroeconómicas son fiel reflejo del dinamismo de la actividad del país, se mantiene el problema del acceso a la vivienda, con precios disparados y alquileres inaccesibles.
Con datos del tercer trimestre del año, el precio de la vivienda había subido de media en España un 13,4 por ciento con respecto al mismo periodo de 2024, alcanzando los 2.153 euros el metro cuadrado, mientras que los salarios, con suerte, apenas han escalado el 3,5 por ciento.
Lo mismo ocurre con las viviendas en alquiler, con escasa oferta y con mensualidades por las nubes, sobre todo en las grandes ciudades, donde los jóvenes tienen enormes dificultades para independizarse.
La defensa de los servicios públicos
Encuesta tras encuesta, los españoles aprecian la calidad de los servicios públicos, en especial de la sanidad, para la que piden más recursos, materiales y humanos.
Aunque ha descendido algo la nota en los últimos tiempos, un 52,5 por ciento de los preguntados por el CIS creen que la sanidad pública funciona «bien» o «bastante bien», con una valoración media de seis sobre diez.
Por su parte, la enseñanza es uno de los servicios mejor valorados por los ciudadanos, con más del 60 por ciento que la consideran como «mu…
