Madrid (EFE).- El Consejo de Ministros aprobará este martes el inicio de la tramitación de un real decreto para la regularización extraordinaria de personas extranjeras que ya se encuentran en España, una medida que ha pactado con Podemos.
El Ejecutivo ha anunciado esa iniciativa minutos después de que la secretaria política y eurodiputada de Podemos, Irene Montero, haya adelantado el acuerdo con el PSOE, que tiene como objetivo regularizar a en torno medio millón de personas, que podrán beneficiarse de la medida hasta el próximo 30 de junio.
En un acto celebrado en Madrid bajo el título ‘Regularización Ya’, Montero ha hecho este anuncio, que significará papeles para todas las personas que estuvieran en España antes del 31 de diciembre del año 2025 que no tengan antecedentes penales y que puedan demostrar al menos cinco meses de residencia.
Y podrán hacerlo con el empadronamiento pero también con otros medios como un informe médico, un contrato de luz o de alquiler o un certificado de envío de dinero, algo muy demandado por las entidades sociales debido a las dificultades que muchas veces enfrentan las personas en situación de irregularidad para acceder el padrón.
Además, en el momento de la presentación de la solicitud quedarán suspendidos los procedimientos de retorno o las órdenes de expulsión por motivos administrativos o por trabajar sin permiso que pesaran sobre la persona.
La admisión a trámite de la petición ya dará una autorización de residencia provisional que permite trabajar de forma legal y acceder a otros derechos fundamentales, como la asistencia sanitaria.
Si la resolución es favorable, se concederá una autorización de residencia por periodo de un año, al término de la cual podrá solicitarse una autorización ordinaria conforme al reglamento de extranjería.
Retomar el mandato de la ILP bloqueada en el Congreso
Fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones han precisado que este real decreto tiene como objetivo garantizar derechos y dar seguridad jurídica a una realidad social existente y es fruto de un acuerdo con Podemos y de «una suma de voluntades que ponen en el centro a las personas».
La iniciativa retoma el mandato de la iniciativa legislativa popular (ILP) por la regularización que llegó al Congreso de los Diputados respaldada por más de 600.000 firmas, superó su primer trámite en la Cámara Baja -la toma en consideración- con el apoyo de todos los grupos menos Vox en abril de 2024 y llevaba desde entonces bloqueada por la falta de acuerdo parlamentario.
Según el Ministerio que dirige Elma Saiz, con este real decreto España «refuerza» un modelo de política migratoria «basada en derechos humanos, integración y convivencia, compatible con el crecimiento económico y la cohesión social».
No será necesaria convalidación parlamentaria
Al tramitarse como un real decreto, el Gobierno no requiere de su convalidación parlamentaria, como sí ocurre con los reales decretos-ley, que al mes de su aprobación y entrada en vigor precisan del aval del pleno del Congreso, lo que obliga al Ejecutivo a buscar los apoyos necesarios para sacarlos adelante.
Esta vía permite esquivar la falta de apoyos que los socios de Gobierno han encontrado en materia migratoria, entre otras razones por el rechazo de Junts a sus medidas.
De hecho, ha habido precedentes de regularizaciones aprobadas por esta misma vía, como la que emprendió en 2001 el Gobierno de José María Aznar, en su primera legislatura, cuando el PP todavía no tenía mayoría absoluta en el Congreso.
Podemos celebra una medida «de justicia social»
Fuentes de la formación morada han señalado que se trata de una medida «urgente y de justicia social», que reconoce los derechos de cientos de miles de personas que «viven y trabajan en nuestro país, pero a las que hasta ahora se les negaban derechos básicos en un ejercicio de racismo institucional que sólo alimenta la explotación y el odio racista».
Han defendido que mantener a estas personas en la irregularidad sólo sirve para aumentar la explotación laboral, fortalecer a quienes se benefician de que existan trabajadores sin derechos y alimentar el odio y la exclusión: «Cuando el Estado niega derechos, el racismo de la derecha avanza posiciones», han asegurado.
Y han puesto como ejemplo de esta deriva los disturbios racistas ocurridos en Torre Pacheco (Murcia) el pasado verano o el desalojo de Badalona (Barcelona) y, en el plano internacional, las «redadas racistas del ICE que vulneran sistemáticamente derechos humanos» en Estados Unidos.
