Madrid (EFE).- El anteproyecto de ley de integridad pública aprobado por el Consejo de Ministros busca con 84 medidas prevenir las conductas corruptas, detectarlas con rapidez, aumentar el castigo y recuperar lo robado: «que todo euro público se gestione con honestidad, eficacia y al servicio del interés general», subrayan fuentes del Ejecutivo.
La ley, que el Gobierno confía en aprobar antes de que acabe la legislatura, a pesar de la difícil aritmética parlamentaria, es uno de los hitos del plan estatal contra la corrupción anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el pasado julio, cuando escaló el caso Koldo y entró en prisión provisional el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.
Redactar el anteproyecto en seis meses es algo «meteórico», según el Ejecutivo, que recuerda que la norma plantea reformar 18 leyes, incluidas seis orgánicas.
Se ha diseñado «mano a mano» con la OCDE, que continuará asesorando al Gobierno para poner en marcha la Agencia independiente de integridad pública, el núcleo de la ley.
Estas son las claves de una norma :
Prevenir y detectar la corrupción
- Se creará una Agencia independiente de integridad pública que unirá organismos ya existentes, pero no conectados: la Oficina de conflictos de intereses, que ahora depende del Gobierno; la Autoridad independiente de protección del denunciante; y el Servicio nacional de coordinación antifraude.
Su presidente será nombrado en un proceso público y «con refrendo del Congreso» por un periodo de seis años no renovable.
-Todas las administraciones deberán contar con «mapas de riesgo», con especial foco en la externalizacion de servicios públicos, y dar formación a los empleados públicos y altos cargos. - Para garantizar la transparencia societaria, la titularidad y la transmisión de las participaciones de las sociedades de responsabilidad limitada constará en el registro mercantil.
- Las empresas «corruptoras» verán elevada de 15 a 20 años la prohibición de contratar con la administración y el registro de empresas prohibidas será público y accesible.
- Los partidos deberán someterse a auditorías externas e independientes y publicar en el plazo de un mes las donaciones de más de 2.500 euros, frente a los 25.000 actuales. Se refuerza además el régimen sancionador cuando un partido o una de sus fundaciones cometan alguna infracción.
- Se mejorará la interoperabilidad de los distintos sistemas de control y se utilizará la inteligencia artificial para detectar patrones que apunten a posibles prácticas corruptas en la Plataforma de contratación y en la Base nacional de datos de subvenciones.
- Los tribunales de instancia contará con secciones especializadas en materia de corrupción, como ocurre en la Fiscalía.
- El plazo de prescripción de los delitos de corrupción se ampliará de cinco a siete años.
Castigar y recuperar lo robado
- Se crearán dos subtipos agravados del delito de obstrucción a la justicia cuando afecten a delitos de corrupción y se ampliarán las penas para el cohecho, la malversación y el tráfico de influencias.
- Las personas físicas condenadas por corrupción no podrán acceder a beneficios penitenciarios o a la libertad condicional hasta que no hayan devuelto íntegramente las cantidades sustraídas con los intereses correspondientes.
- Desde el covencimiento de que en ocasiones es más disuasorio decomisar bienes fruto de una actividad delictiva que las penas de prisión, se crean dos nuevas figuras: el «decomiso sin sentencia» y el de «riqueza inexplicada».
- Se reforzará la Oficina de recuperación y gestión de activos (ORGA) y los bienes incautados podrán ser vendidos de forma anticipada para evitar que se deterioren y pierdan valor.
