Madrid (EFE).- El Gobierno ha puesto en marcha el ‘Buzón de las personas becarias’ que recogerá denuncias «de forma anónima» de malas prácticas y abusos por parte de las empresas para enviarlas a Inspección de Trabajo, mientras continúa con la tramitación del Estatuto que aprueba este martes el Consejo de Ministros.
El canal de denuncias ha sido impulsado por el Ministerio de Juventud e Infancia de Sira Rego, que ha presentado esta herramienta durante una Jornada celebrada en la sede de su departamento, clausurada por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, promotora del anteproyecto de ley del estatuto de las personas en prácticas que cuenta con el acuerdo de los sindicatos, pero no de la patronal.
«El estatuto va al Consejo de Ministros, pero el buzón arranca ya porque consideramos que hay legislación suficiente para que sea garantista y para que la Inspección de Trabajo puede actuar en los casos en los que se esté dando fraude», ha aseverado Rego.
«Explotación disfrazadas de experiencia»
La responsable de Juventud ha explicado que se quiere acabar «con prácticas que no tienen relación con estudios, becas que sustituyen puestos de trabajo o con el mismo trabajo que el resto de plantilla pero sin salario y sin protección».
«Se ha tolerado durante décadas, pero no es normal», ha señalado Rego, quien ha apelado a combatir esas prácticas de «explotación disfrazadas de experiencia».
Según la Encuesta de Juventud 2023, el 42 % de jóvenes denuncian haber sufrido una o varias situaciones de explotación a lo largo de su vida laboral como trabajar sin contrato, haber suscrito un contrato mediante una ETT, ser un becario no remunerado, un falso autónomo o tener contrato de repartidor.
«Hay que acabar con estas prácticas por eso ponemos en marcha este instrumento que consideramos que puede ser tremendamente útil», ha señalado Rego, quien ha confiado en que el estatuto reciba el apoyo necesario en el Congreso, pese a «la situación ahora mismo de equilibrio de fuerzas» parlamentario.
Durante la clausura, la responsable de Trabajo ha destacado la importancia de desligar «lo que es una relación laboral cuando alguien ya tiene formación y realiza prácticas con derechos y convenio colectivo» de la actividad de los «mal llamados becarios».
Díaz ha puesto en valor que el buzón se gestione a través del Instituto de la Juventud y las organizaciones juvenil: «Salgamos en redes, denuncia lo que está pasando y hazlo de manera anónima y con todas las garantías», ha apelado la vicepresidenta a los jóvenes afectados por esas prácticas.
El estatuto de las personas en formación práctica no laboral establece, entre otros aspectos, la compensación de gastos de los estudiantes en prácticas y el derecho a vacaciones. También incorpora un régimen sancionador que penaliza los incumplimientos con multas que van desde los 70 euros hasta los 225.018 euros.
