Madrid (EFE).- El Tribunal Supremo ha fijado para el próximo 7 de abril el comienzo de la vista oral contra el exministro Jose Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario y comisionista de la trama Víctor de Aldama por las presuntas irregularidades en contratos de mascarillas durante la pandemia.
La Sala de lo Penal ha dictado un auto en el que desestima todas las cuestiones previas planteadas por las defensas del exministro y su exasesor por lo que ambos, junto a Aldama, se sentarán en el banquillo de los acusados.
El Supremo les juzgará por los presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación, organización criminal, uso y aprovechamiento de información privilegiada, falsedad y prevaricación.
La Fiscalía pide 24 años para el exministro y 19 y medio para su exasesor, y las acusaciones hasta 30 años de cárcel; en cambio para el tercer acusado, el empresario Víctor de Aldama, solicita 7 años por su colaboración con el Ministerio Público tras confesar los hechos.
Ábalos y Koldo están en prisión provisional desde el pasado 27 de noviembre por riesgo «extremo» de fuga.
75 testigos
El Supremo ha aceptado citar a más de 75 testigos en el juicio, entre los que no figura el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pero sí la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y el ministro Ángel Víctor Torres.
El tribunal ha admitido todas las testificales propuestas por la Fiscalía y por el empresario y presunto corruptor de la trama, Víctor de Aldama, y ha rechazado varios de los solicitados por los otros dos acusados y por la acusación popular, que aspiraba a citar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la vicepresidenta María Jesús Montero, y la exministra de Industria Reyes Maroto.
El Supremo rechaza citarlos «dada la falta de relación con el objeto del proceso y la innecesariedad de sus testimonios para el esclarecimiento de los hechos imputados».
Ábalos y Koldo querían que testificase el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el segundo incluía en su propuesta al president de la Generalitat, Salvadir Illa, y a la exdirectora del CNI Paz Esteban, pero el tribunal tampoco accede a llamarlos.
