Zaragoza (EFE).- Agentes de la Guardia Civil han procedido al cierre de una clínica dental ubicada en el centro urbano de Zaragoza por presuntos incumplimientos administrativos y de salud pública, y cuya clausura deja cientos de clientes afectados con sus tratamientos de implantología sin terminar y el pago hecho por adelantado.
Según han informado a EFE fuentes de la administración sanitaria autonómica, esta clínica, Oral Studio, con otras sedes en Barcelona, Hospitalet, Alicante, Gerona y otros puntos del país, carecía de los permisos necesarios para la actividad que realizaban y no acataba las distintas disposiciones que se le transmitían.
Han añadido que, ante el incumplimiento de las diversas órdenes administrativas de cierre que le fueron enviadas, se solicitó la intervención del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, competente en materia de salud pública, para que procediera a la clausura de la instalación.
Miles de afectados en todo el país
Uno de los afectados, David Cócera, domiciliado en un pueblo de Zaragoza, ha asumido la labor de denunciar públicamente esta situación para instar a otros afectados, alrededor de 700 en la capital aragonesa pero, según asegura, miles en el conjunto del país, a organizarse para denunciar la presunta estafa de la que dice que han sido víctimas.
En declaraciones a EFE, Cócera, que llegó a adelantar casi 7.000 euros en su tratamiento, ha explicado que la captación de clientes se llevaba a cabo mediante ofertas con precios muy baratos, y que los responsables del centro exigían el compromiso de los interesados en el pago por adelantado de los servicios.
Según ha explicado este procedimiento permitió a los socios de las instalaciones hacerse con una gran cantidad de dinero por unos servicios que no han llegado a ser completados.
En su caso, ha explicado que unos días después de comenzar a enviar sin éxito correos electrónicos a la clínica y de iniciar una campaña en las redes a la que se sumaron cientos de afectados, tuvo una llamada de uno de los socios para requerirle el pago de mil euros más si quería finalizar el tratamiento, oferta que rechazó ante la situación en la que se encontraba ya el centro.
Los afectados de Zaragoza han explicado que un abogado les ha recomendado presentar denuncias particulares ante la Guardia Civil, antes de unificar una querella por vía penal en los juzgados, a la que podrían incorporarse más adelante las interpuestas en otros puntos del país.
Por su parte, la Guardia Civil ha confirmado a EFE el cierre de la clínica, aunque ha rechazado informar acerca de la investigación llevada a cabo hasta el momento al ser todavía una «operación abierta».
