Madrid (EFE).- Una jueza de Madrid ha citado a declarar el 6 de mayo a Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, en la causa en la que investiga si pudo incurrir en revelación de secretos al enviar a un chat datos de dos periodistas -sus nombres, apellidos y una foto- que habían sido identificados por un policía.
La titular del Juzgado de Instrucción 25 de Madrid ha adoptado esta decisión después de que la Audiencia de Madrid le ordenase admitir a trámite la denuncia interpuesta por el PSOE y la querella presentada por los dos periodistas del diario El País afectados, según una providencia a la que ha tenido acceso EFE.
La magistrada cita a Rodríguez «en su condición de denunciado y querellado», asistido de abogado, el próximo 6 de mayo a partir de las 9:00 horas, el mismo día que declararán varios testigos y los dos periodistas perjudicados.
En su providencia, además, la jueza se dirige a la Policía para que identifique a los agentes que prestaron servicio el día de los hechos como escoltas de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Uno de ellos, según la denuncia, identificó a los periodistas.
Según la denuncia que ahora debe investigar la magistrada, el jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid envió el 19 de marzo de 2024 a un chat de periodistas la foto de dos informadores de El País, su nombre y apellidos en un mensaje en el que indicaba que habían estado «acosando a los vecinos de la presidenta, incluido niñas menores de edad, en un acoso habitual en dictaduras».
Ese mismo día, un agente de paisano había pedido a los dos periodistas que se identificasen mientras realizaban una investigación sobre la vivienda de la presidenta madrileña y su pareja.
El mensaje se envió unos días después de conocerse que la pareja de Díaz Ayuso, Alberto González Amador, había sido denunciado por la Fiscalía por un fraude fiscal de unos 350.000 euros.
Arranca la causa tras la resolución de la Audiencia de Madrid
Con las citaciones acordadas, la jueza inicia una causa que hace casi un año rechazó abrir al considerar que los hechos denunciados tenían «escasa o nula relevancia» en la afectación de la intimidad de los periodistas.
Un criterio del que discrepó de lleno la Audiencia Provincial de Madrid, órgano que examina los recursos contra las decisiones de la jueza y que hace unos días revocó ese archivo de la magistrada y le ordenó investigar los hechos.
«Es pertinente averiguar cómo, cuándo y por qué llegaron los datos de los periodistas al querellado y si este efectivamente divulgó los mismos», subrayó la sección quinta de la Audiencia en el auto donde estimaba los recursos del PSOE y de los periodistas.
El tribunal estableció que la magistrada debe investigar si en la presunta divulgación de dichos datos «existió infracción penal», y le instó a practicar las diligencias pertinentes «a los efectos de la investigación de un posible delito de revelación de secretos por el querellado».
