Coche de la Policía Nacional, conocidos como coches Z. EFE/Mariscal

Descubren un chalet en Madrid donde obligaban a prostituirse a mujeres a las que tenían hacinadas en el sótano

Madrid (EFE).- La Policía Nacional ha liberado a ocho mujeres obligadas a ejercer la prostitución, incluso con menores de edad, en un chalet en Madrid alquilado por un matrimonio que ha ingresado en prisión y que llevaba explotando sexualmente a ciudadanas latinas en esta vivienda desde hace 11 años.

Junto a la pareja en prisión por delitos de pertenencia a organización criminal, prostitución, corrupción de menores y tráfico de drogas fueron arrestadas otras cuatro personas en la denominada Operación Socavón, desarrollada por el Grupo VI de lucha contra la trata de la Brigada de Extranjería de la Jefatura Superior de Policía gracias a la denuncia de dos víctimas.

Las mujeres explotadas, unas 15, vivían hacinadas en el sótano del chalet situado junto a Arturo Soria, concretamente en la calle Marqués de Hoyos, pero alejado del resto de viviendas, y eran explotadas las 24 horas.

6.000 euros de ganancias en una sola mañana

La Policía ha constatado que pese al golpe policial, la explotación sexual de mujeres en este chalet prostíbulo continúa ,al tratarse de un inmueble alquilado.

Calculan que los beneficios de esta trama rondaban los dos millones de euros al año, unos 6.000 euros en un mañana. De hecho, en cuatro días, los agentes que vigilaban la vivienda llegaron a contabilizar más de 600 movimientos, en los que detectaron la presencia de menores, confirmada además por el testimonio de las mujeres.

Los inspectores jefes Víctor de las Heras y Tomás Santa María han relatado que la estructura de la organización de trata seguía el patrón habitual a este tipo de entramados que captan a mujeres vulnerables en sus países de origen y que llegan a España con una deuda contraída ya por el pago del billete y alojamiento.

Carteles con las multas

Una deuda que va en aumento si incumplen las condiciones de un supuesto contrato de exclusividad que les obligan a firmar sin saber siquiera su contenido. Además, se enfrentaban a multas por negarse a prostituirse con menores o por sentarse sin ropa interior en los sofás, conductas que la organización recordaba a las víctimas en la vivienda a través de carteles y pizarras.

Las pesquisas policiales permitieron averiguar que los principales responsables de la organización utilizaban una página web en la que, además de publicar fotos de las mujeres y los servicios sexuales que las obligaban a ofrecer, facilitaban un contacto para concertar entrevistas personales.

Habitualmente, en los contratos eran incluidas cláusulas de cesión de imágenes, así como de exclusividad para el ejercicio de la prostitución en la vivienda designada por la organización.

Los miembros de la organización utilizaban un timbre que hacía los efectos de alarma, para indicar a las mujeres que debían abandonar todo lo que estuvieran haciendo -incluso comer- y presentarse ante los clientes.

Se establecían turnos de encargadas -dos mujeres en turnos de 12 horas- que cubrían tanto la mañana como la noche. Estas encargadas gestionaban las llamadas de teléfono, las citas, la venta de drogas a los clientes, y el cobro de los servicios, que podía llevarse a cabo en efectivo, con tarjeta o a través de aplicaciones informáticas.

En ningún caso las víctimas podían negarse al desarrollo de ninguna práctica sexual, debiendo prestarlas igualmente fuera de la vivienda, portando sustancias estupefacientes para los clientes que previamente las habían encargado.

Además, como las propias mujeres tenían que encargase tanto de la limpieza como del orden del chalé, también eran impuestas multas económicas cuando esto no se realizaba según sus parámetros y órdenes.

Hacinadas en un sótano sin ventilación y con rejas en la ventanas

La vivienda contaba con tres plantas. Tanto la superior como la baja eran utilizadas para la práctica de los servicios sexuales y las víctimas solo podían ocupar dos pequeñas habitaciones localizadas en el sótano del inmueble.

El acceso a este sótano se realizaba a través de una angosta escalera y, al final de la misma se localizaban dos pequeñas habitaciones con literas en las que las víctimas dormían. Las mujeres tenían que colocar todas sus pertenencias personales en el suelo y sobre los propios colchones, reduciendo aún más el espacio en el que tenían que desenvolverse.

Además, estaban carentes de toda ventilación efectiva contando solamente con dos ventanucos ubicados en la parte alta de la pared bloqueados por rejas que impedían que pudieran escapar a través de ellos, incluso si se hubiera desatado un incendio.

Finalmente, en este sótano había un pequeño cuarto de baño que era el único que podía ser utilizado por las víctimas.

La Policía Nacional incide en la colaboración ciudadana para frenar esta explotación y anima a que cualquiera que conozca o sufra una situación de estas características la denuncie a través del teléfono 900 10 50 90, del correo electrónico trata@policia.es así como de las formas habituales de contacto con la Policía Nacional a través del teléfono de emergencias 091 o en cualquier dependencia. EFE