Madrid (EFE).- El Defensor del Pueblo recibió un mayor número de quejas en 2025 -38.144, frente a 34.402 en 2024- y tramitó más expedientes -cuatro mil más-. «Las quejas que recibimos reflejan la difícil situación de quienes no encuentran respuesta ni vías para la defensa de sus derechos», ha subrayado Ángel Gabilondo.
El Defensor del Pueblo ha registrado este martes en las Cortes Generales el Informe anual de la actividad de la institución en 2025, y se lo ha entregado a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y el próximo 9 de abril, lo hará al presidente del Senado, Pedro Rollán.
La institución tramitó en 2025 un total de 38.762 expedientes que dieron lugar a 2.059 resoluciones a las diferentes administraciones. De ellos, 38.144 fueron quejas, 253 actuaciones de oficio y 365 solicitudes de interposición de recurso al Tribunal Constitucional sobre 16 normas.
«Hay un incremento de quejas, puede atribuirse a un desasosiego o a una mayor confianza en las instituciones», ha señalado el defensor, quien ha vaticinado que en 2026 van a seguir aumentando: «Los datos nos muestran que se están incrementado este año».
«Realidad de la coyuntura actual»
Gabilondo ha explicado que el informe «no es aséptico» porque refleja «la realidad de la coyuntura actual» con personas que «no hallan vías, ni siquiera difíciles, para la defensa de sus derechos fundamentales, de sus derechos humanos».
Además, desde la institución se atendió personalmente a 44.278 ciudadanos (42.785 de ellos a través de llamadas telefónicas y 1.493 de una forma presencial).
Los asuntos que protagonizaron más quejas ciudadanas ante el Defensor del Pueblo en 2025 estuvieron relacionados, principalmente, con la Administración de la Justicia, la Seguridad Social y Empleo, Migraciones y Política Social, Interior, Educación y Sanidad.
El mayor número de quejas se registraron en las comunidades autónomas más pobladas, entre ellas, las comunidades de Madrid (8.766), Andalucía (4.374), Cataluña (3.702) y Valencia (3.458).
Ante esa situación, el defensor ha defendido que corresponde a la institución «sin arrogancia, pero con conciencia» explicar lo que ha percibido al respecto y plantear «lo que quizá quepa y deba hacerse para paliar situaciones injustas o inapropiadas».
Como consecuencia de los expedientes tramitados se formularon 2.059 resoluciones dirigidas a las administraciones estatal, autonómica y local. De ellas, 721 fueron recomendaciones, 788 fueron sugerencias y 550 recordatorios de deberes legales.
También el defensor interpuso 3 recursos de inconstitucionalidad, de la ley de desperdicio alimentario, sobre las medidas fiscales de gestión administrativa y financiera de la Generalitat Valenciana y sobre Consejos Sociales del sistema universitario de Canarias.
El informe incorpora algunos asuntos sobre los que ha trabajado la institución el pasado año que tienen que ver, entre otros, con la protección de los menores; el apoyo a las personas mayores, los problemas de los solicitantes de protección internacional tras la reforma del Reglamento de Extranjería y el trato desigual que sigue sufriendo la comunidad gitana.
Además, aborda las dificultades de acceso al empleo público; la trata de seres humanos con fines de explotación laboral; cuestiones relacionadas con la valoración del grado de discapacidad, el medio ambiente o las devoluciones en el IRFP a mutualistas.
El Informe recoge también la actividad realizada por el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (MNP), que en 2025 realizó 67 visitas a lugares de privación de libertad.
El retraso en el pago de ayudas al alquiler
El retraso en las ayudas para sufragar el alquiler, así como en el bono joven, la escasez de fondos para atender las necesidades, la imposibilidad de acceder a una vivienda o las esperas de años en la adjudicación de vivienda pública y protegida son algunas de las quejas trasladadas al Defensor del Pueblo.
En su informe subraya que las ayudas destinadas a sufragar el alquiler de la vivienda llegan a sus beneficiarios con meses de retraso con demasiada frecuencia y que los fondos asignados no cubren el total de las solicitudes que cumplen los requisitos.
En el caso del Bono Alquiler Joven, también advierte de quejas en su tramitación y que transcurren meses sin que los jóvenes reciban ningún tipo de información sobre el estado de tramitación de su expediente.
También se muestra preocupado el organismo por el número de solicitudes que no pueden atenderse debido al agotamiento del crédito presupuestario, lo que revela la necesidad de que en futuras convocatorias se incremente el presupuesto.
Protocolo de víctimas de abusos de la iglesia
Gabilondo ha avanzado también este martes que espera que «en los próximos días» se cierre el protocolo del Gobierno y la Conferencia Episcopal Española (CEE) para indemnizar a las víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia, y ha concretado que confía que sea antes de Jueves Santo.
«Espero y creo, son verbos muy inquietantes», ha dicho el defensor en el acto de presentación de la memoria anual 2025, presentado en el Congreso de los Diputados y donde ha subrayado que el objetivo del acuerdo es buscar «la reparación y el reconocimiento de las víctimas» y la ambición es conseguirlo «con el máximo consenso posible».
«Los acuerdos pueden hacerse bastante pronto, sobre todo si son muy pobres, si queremos ser más ambiciosos tardan un poco más y si queremos que estén basados en el máximo acuerdo posible tardan un poco más», ha precisado el defensor en la rueda de prensa.
El Defensor del Pueblo también ha explicado que la reparación es «un proceso flexible y personalizado, profesional y humano» y ha subrayado que para llegar a ese máximo acuerdo posible a veces «se tarda un poco, e igual te equivocas».
