Murcia (EFE).- La Fiscalía de Murcia ha pedido penas de hasta 8 años y medio de prisión para los siete investigados por el incendio en dos discotecas de Murcia que el 1 de octubre de 2023 acabó con la vida de 13 personas y solicita indemnizaciones que suman cerca de 5,3 millones de euros para los afectados.
Ha elevado su escrito de conclusiones, al que ha tenido acceso EFE, al juzgado de instrucción número 3 para pedir que se abra juicio oral contra siete personas a las que acusa de trece delitos de homicidio por imprudencia grave y otros cinco de lesiones.
Considera responsables de esos delitos al administrador de la discoteca Teatre, donde se originó el incendio, a su “administrador de hecho” y a su encargada, así como al responsable de Fonda Milagros, en la que se produjeron las muertes.
A todos les imputa también sendos delitos contra la vida, la integridad física y la salud de los trabajadores y pide para cada uno 8 años y seis meses de prisión.
Misma pena para el ingeniero que autorizó la división de la nave
La misma pena considera que debe asumir por estos mismos delitos el ingeniero que proyectó y autorizó la división en dos de la nave en la que se ubicaban ambos locales.
Al pinchadiscos que organizó la fiesta que se celebraba en Teatre la noche de la tragedia y al propietario de la máquina de chispas o fuegos fríos que se utilizó los considera responsables de los delitos de homicidio y lesiones por imprudencia grave y solicita para ellos 4 años y 7 y nueve meses de cárcel, respectivamente.
Apunta como responsables civiles directas a las aseguradoras de las discotecas y del pinchadiscos y como responsable civil subsidiario a la empresa Teatre Murcia S.L. y pide más de 4,3 millones de euros en indemnizaciones para los familiares de los 13 fallecidos, a los que se suman más de 38.000 euros para doce personas que sufrieron lesiones y casi 865.000 euros más por los daños causados en la nave y los negocios colindantes.
A lo largo de más de 60 páginas, el fiscal desgrana detalladamente sobre las pruebas recogidas durante los más de dos años que ha durado la instrucción que las chispas que emitían las máquinas de fuegos fríos llegaban a impactar en el techo de la sala.
Eso “ocasionó que se desarrollara de manera lenta en el falso techo un fuego que en un momento determinado rompió y se desarrolló de forma más acentuada y virulenta debido al aporte de oxígeno facilitado por una mala unión” entre la cubierta y la estructura del edificio, relata.
Para el fiscal, tanto la encargada de Teatre como el pinchadiscos y el propietario de las máquinas “incurrieron en una grave omisión del deber de cuidado” en relación con el uso de esos artefactos.
El propietario actuó de forma «gravemente imprudente»
En el caso del propietario, dice que actuó de forma “gravemente imprudente”, sin tomar “ninguna cautela” sobre los posibles riesgos de usar estos aparatos en un espacio interior, sin guardar la debida distancia de seguridad entre las chispas y el techo de la sala.
Del ingeniero que dividió en dos la nave advierte de que eso contribuyó “de forma decisiva” a la “situación de riesgo para las personas” y a la rápida propagación del fuego de un local al otro.
Afirma que esa noche las salas estaban abiertas a pesar de carecer de la “preceptiva autorización administrativa habilitante”, algo que conocían sus cuatro responsables, ya que el Ayuntamiento de Murcia había ordenado en diversas ocasiones legalizar las actividades y llegó incluso a ordenar el cese de actividad.
“Los acusados eran plenamente conscientes de que la actividad que desarrollaban generaba un riesgo para la integridad de las personas, al no contar con la verificación de la administración competente del cumplimiento de las medidas de seguridad y contra incendios aplicables”, apunta el auto, que incide además en que ninguno de los locales contaba con un plan de emergencias o de seguridad contra incendios debidamente autorizado por la administración.
A pesar de las advertencias de la administración, insiste, la separación en dos de la nave se llevó a cabo incumpliendo las medidas de seguridad que establece la ley sobre compartimentación, salidas de emergencia, conductos de ventilación, fachadas o cubiertas, entre otras.
En cuanto a los trabajadores de las discotecas, apunta a que no recibieron formación en prevención de riesgos laborales ni ante incendios, por lo que considera que los siete acusados deben sentarse en el banquillo en un juicio oral en que pide citar a 81 testigos y 15 peritos.
