Madrid, (EFE).- La Conferencia Episcopal Española va a analizar y someter a «posible aprobación» en la 129º Asamblea Plenaria un decreto general para sancionar a clérigos que hayan cometido delitos de abusos sexuales aparte de lo que fijen los posibles procedimientos penales, según ha anunciado su presidente, Luis Argüello.
Lo ha hecho este lunes en su discurso inaugural en la Asamblea Plenaria, donde ha valorado el acuerdo alcanzado con el Gobierno para «abrir otra puerta» a la reparación integral de las víctimas, aunque ha criticado que «el único (tema) en el que ha querido forzar acuerdos, ha sido el asunto de los abusos a menores cometidos únicamente en el seno de la Iglesia y la resignificación del Valle de los Caídos (Cuelgamuros)».
Argüello ha valorado el acuerdo alcanzado con el Gobierno para «abrir otra puerta» a la reparación integral de las víctimas, aunque ha criticado que «el único (tema) en el que ha querido forzar acuerdos, ha sido el asunto de los abusos a menores cometidos únicamente en el seno de la Iglesia y la resignificación del Valle de los Caídos (Cuelgamuros)».
Reproches al Ejecutivo
Ha reprochado que el Ejecutivo use «una doble vara de medir, según a quién afecten los asuntos de abuso de poder o de corrupción» y ha lamentado su «insistencia» en «no reconocer» las reparaciones a las víctimas que ya ha realizado la Iglesia a través del sistema PRIVA creado en 2024, «insistir en que todo comienza ahora» y «reducir toda la reparación a indemnización económica».
El prelado ha hecho hincapié en que las diócesis españolas y las congregaciones religiosas llevan años realizando un «trabajo de prevención, formación y regulación canónica» para prevenir los abusos.
«En esta misma Asamblea seguiremos impulsando todo este camino y someteremos a discusión, y posible aprobación, un decreto general sobre sanciones a clérigos causantes de delitos, además de lo que los posibles procedimientos penales pudieran establecer», ha anunciado.
El reconocimiento de las víctimas es una obligación moral
Argüello ha remarcado que en el acuerdo alcanzado con el Gobierno se recoge el compromiso de éste último de reparar a víctimas de otros ámbitos e indica que el Defensor del Pueblo ha sugerido abordar los abusos a víctimas en centros de menores.
Sobre la desgravación fiscal de las indemnizaciones, el prelado ha subrayado que para que las víctimas puedan beneficiarse es «preciso que la condición de víctima sea declarada por una autoridad pública».
«Somos conscientes de que, más allá del número, los abusos realizados por personas consagradas a Dios son de una enorme gravedad, rompen una confianza sagrada y hieren la fe de los pequeños. Es un escándalo gravísimo ante el que es preciso cualquier exceso en el reconocimiento de una obligación espiritual y moral, aunque los delitos hayan prescrito o el victimario haya fallecido», ha reconocido.
🟢Sigue el discurso inaugural de @MonsArguello en la #AsambleaPlenaria de @Confepiscopal
— Of. Información CEE (@prensaCEE) April 19, 2026
📆Lunes 20 de abril a las 11:00 horas. https://t.co/dkeFabhjyw
Asimismo, ha destacado que la Iglesia «ha escuchado y acogido» a las víctimas, ha puesto en marcha «caminos de reparación y justicia restaurativa», y ha indemnizado, «en muchos casos, sin necesidad de que ningún gobierno ni sentencia» se lo haya impuesto.
«Con todo, reconocemos que hemos de seguir mejorando y creciendo, así como invocar la misericordia del Señor, pues solo ella vence al pecado y realiza la más genuina reparación y restauración», ha aseverado.
El reconocimiento de las víctimas es una obligación moral
Por otra parte, ha recordado que el Estado es aconfesional, pese a que el Gobierno «tiende a tomar posturas ‘confesionales’ en materia antropológica, definiendo el comienzo y el final de la vida, la definición del matrimonio y de la familia, y el significado de la sexualidad humana con criterios de fe ideológica, al margen de la ciencia y de las experiencias humanas más elementales».
Una «mirada confesional» del Ejecutivo que en el caso de las víctimas es «selectiva», según Argüello, que le reprocha también su «deseo desmedido» de intervenir en la sociedad civil y de «controlar» instituciones políticas y económicas y medios de comunicación, «además de una doble vara de medir, según a quién afecten los asuntos de abuso de poder o de corrupción».
«Es de mínima honradez reconocer que varias de estas características valdrían para casi todos los gobiernos», ha precisado Argüello, que ha mostrado al Ejecutivo el compromiso de la Iglesia de «colaboración respetuosa y crítica».
Y ha aprovechado su intervención para «invitar» al Gobierno y a los monjes de la abadía del Valle de Cuelgamuros a alcanzar un acuerdo «razonable y satisfactorio» para ambas partes «que sea un testimonio de que es posible superar la polarización y encontrar vías de encuentro».
El reconocimiento de las víctimas es una obligación moral
En su discurso, el prelado también ha alertado del riesgo de «la ideologización de la fe» en un tiempo de «emociones reduccionistas» y de «la polarización al servicio de la lucha por el poder», lo que también afecta al pensamiento teológico.
Preparando la visita del papa
Los obispos españoles celebran la 129º Asamblea, la última que tendrá lugar antes de que León XIV visite España del 6 al 12 de junio en la que será la primera estancia de un papa en territorio español en quince años tras el viaje de Benedicto XVI en 2011.
En la reunión, uno de los coordinadores nacionales del viaje del papa a España, Fernando Giménez Barriocanal, informará sobre cómo se están desarrollando los trabajos de organización de la visita, que tendrá etapas en Madrid, Barcelona, Gran Canaria y Tenerife.
Primeros eventos confirmados de la visita
Los primeros eventos confirmados en la agenda de León XIV son cuatro actos multitudinarios. En Madrid, una gran vigilia de oración con jóvenes el sábado de su llegada, y al día siguiente, la celebración de la Santa Misa y una procesión eucarística por la festividad del Corpus Christi.
En su etapa en Canarias habrá dos misas: la primera, el 11 de junio, en el Estadio Gran Canaria, en Las Palmas; y la segunda, el 12, en el Puerto de Santa Cruz, en Tenerife.
