San Fernando de Henares (Madrid) (EFE).- El fiscal Anticorrupción Fernando Bermejo ha confrontado el «discurso público de ‘Espanya ens roba’ (España nos roba)» mantenido desde hace años en Cataluña con el fraude fiscal de los Pujol, a quienes ha reprochado que eludieran su obligación de pagar impuestos que sirven para sufragar «colegios, hospitales y servicios públicos».
En sus informes finales ante el tribunal de la Audiencia Nacional que juzga a la familia Pujol por la fortuna oculta en Andorra, Bermejo ha arremetido contra el intento de las defensas de presentar el caso como un «ataque a Cataluña y un juicio político», esgrimiendo las maniobras de la llamada «policía patriótica».
Asimismo, ha pedido al tribunal que valore las pruebas del juicio en el «contexto» de los delitos de corrupción, que tienen lugar «en el ámbito de una ‘omertá’ interesada y buscada», lo que explica a su parecer que ninguno de los empresarios que han declarado en el juicio haya aclarado el origen de las facturas millonarias sin soporte documental pagadas al primogénito, Jordi Pujol Ferrusola.
«Una ‘omertá’ interesada»
Bermejo se ha remitido a la declaración de uno de los testigos del juicio, quien aseguró que en Cataluña era una «tradición familiar» tener cuentas en Andorra, y ha afirmado que eso serviría para los empresarios, pero «no para la mayoría de ciudadanos que nacieron en Cataluña o que vinieron de otras partes de España por razones de trabajo» a contribuir a la «prosperidad» de esta comunidad.
En ese sentido, ha reivindicado que el caso Pujol «no ataca a Cataluña» sino que pretende defender el «sistema tributario como pilar del Estado social» y, en consecuencia, a los ciudadanos catalanes, frente un discurso «sostenido desde hace años» en el que se culpa al Estado de la falta de recursos para financiar servicios públicos.
Todos esos ciudadanos, según Bermejo, contribuyeron a las arcas públicas «cumpliendo con sus obligaciones fiscales. Por consiguiente, no había una tradición en Cataluña de tener cuentas en Andorra, lo que había era delito», ha añadido.
«Quien defrauda a la administración pública no perjudica a un ente abstracto sino que detrae recursos de los servicios públicos que sostienen a las comunidades autónomas, incluida Cataluña», ha añadido el fiscal.
Para Fernando Bermejo, la «gravedad institucional» de este supuesto fraude fiscal se incrementa por la «posición de los acusados», que no son meros contribuyentes anónimos sino «quienes durante décadas formaron parte y ostentaron la máxima representación institucional en Cataluña».
«Organización criminal»
«Resulta especialmente contradictorio invocar un discurso de agravio por falta de recursos mientras de forma dolosa se elude la contribución al sistema que debe generar esos mismos recursos», ha lamentado el fiscal.
Según Bermejo, en el juicio contra los Pujol «no se trata de perseguir a una familia por razones políticas, sino la existencia de una organización criminal» en un caso de «corrupción política a una escala muy importante», pues no puede obviarse su «relación directa con quien fuera presidente de la Generalitat catalana y su familia durante gran parte de toda nuestra reciente historia democrática».
Como caso paradigmático de corrupción, mantiene Bermejo, la sala debe tener en cuenta la estrecha vinculación entre los poderes públicos y las empresas que «viven de contratos públicos», lo que explica a su parecer los silencios de los empresarios que han declarado sobre la supuestas comisiones pagadas a los Pujol: «Les conviene llevarse bien con el poder adjudicador».
La Abogacía del Estado habla de «favores inconfesables»
Por su parte, la Abogacía del Estado ha mantenido este martes que los pagos de empresarios a Jordi Pujol Ferrusola, primogénito del expresidente de la Generalitat, obedecen a «favores irregulares o inconfesables», pese a no compartir la tesis de la Fiscalía sobre el origen corrupto de los fondos.
En su escrito de acusación, la Abogacía no se sumó a la tesis de la Fiscalía sobre el origen corrupto del dinero, por lo que descartó el delito de asociación ilícita que el ministerio publicó atribuye a la familia y planteó cargos únicamente contra el hijo mayor del expresident, al que pide 25 años de cárcel, así como contra su exesposa Mercè Gironès y su hermano Josep Pujol.
En su informe, José Ignacio Ocio ha explicado que la posición de la Abogacía se sitúa en una posición «intermedia»: los ingresos de Jordi Pujol Ferusola «son ganancias patrimoniales no justificadas», pero no «el precio de un delito» que esgrime la Fiscalía ni una «actividad económica completamente normal», como mantienen las defensas.
En ese sentido, el abogado se ha remitido a la sentencia del Tribunal Supremo de 2024 sobre el «caso Ópalo», una trama de desvío de fondos mediante facturación falsa por servicios simulados, para concluir que el motivo de los pagos al primogénito era «un favor irregular o inconfesable».
