Madrid (EFE).- La aerolínea Plus Ultra obtuvo un aplazamiento de su deuda con la Seguridad Social que se ciñó «a la normativa vigente» como ocurrió con otras empresas, según han asegurado fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en un comunicado publicado en la red social Telegram.
En un auto fechado el pasado lunes, el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, que investiga el papel del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en la concesión de préstamos a Plus Ultra tras el estallido de la pandemia, cuestiona la pertinencia de esa asistencia al entender que se encontraba en causa de disolución y no cumplía los requisitos.
Entre los requisitos exigidos para acceder a los recursos del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE) habilitado para asistir a las compañías que vieron comprometida su viabilidad a raíz del estallido de la pandemia de covid, gestionado por SEPI, figura la obligación de hallarse al corriente, a 31 de diciembre de 2019, en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS).
Plus Ultra aplazó su deuda
En su solicitud, Plus Ultra adjuntó dos certificados de estar al corriente en dichas obligaciones, uno de ellos firmado por el subdirector general adjunto de la TGSS, José Luis Encinas Prado, y otro por Belén Fruiters Casado, jefa de Sección en la Subdirección Provincial de Gestión recaudatoria de la Dirección Provincial de la TGSS de Madrid.
Ambos aseguraban que la compañía «no tenía pendiente de ingresos, en agosto de 2020, ninguna reclamación por deudas ya vencidas con la Seguridad Social».
Sin embargo, un asesor externo de Deloitte contratado por SEPI para examinar la situación de Plus Ultra constató en febrero de 2021 que la aerolínea le había facilitado documentación relativa a una deuda preexistente con la Seguridad Social cuyo importe era de 451.954,79 euros, según recoge el auto.
Frente a estas consideraciones del juez, fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, cuyo titular era entonces el actual gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, explican que dentro del ámbito de competencia de la TGSS está la tramitación de los aplazamientos, «que se efectúa siguiendo el máximo rigor y la legalidad vigente, sin ánimo de perjudicar o favorecer a una compañía concreta y de acuerdo con criterios estrictamente técnicos».
El aplazamiento de cuotas es una herramienta habitual que solicitan muchas empresas en momentos puntuales, y que durante la pandemia de la COVID se utilizó de forma más intensiva. Para ello, las empresas tienen que acreditar una dificultad transitoria de liquidez y su viabilidad de pagar los vencimientos del aplazamiento, que se debe justificar con garantías.
La misma fuente añade que la concesión del aplazamiento a Plus Ultra «se ciñó en ese momento a la normativa vigente y al proceder normal en una situación de este tipo, y todos los aplazamientos concedidos finalizaron por pago».
En su auto, Calama recuerda que en septiembre de 2020 Escrivá se reunió con Zapatero en la sede del Ministerio de Trabajo, «tal y como aparece» en un mensaje del director de la Unidad de Emergencias, Coordinación y Gestión de Crisis del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Escrivá niega haber tratado la ayuda a Plus Ultra
Fuentes cercanas a Escrivá han indicado que este nunca ha tratado sobre Plus Ultra ni su posible rescate con nadie, ya que es una materia además que no tenía relación con sus competencias como ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Tampoco tuvo nunca conocimiento ni participación alguna en la aprobación de aplazamientos de deudas con la Seguridad Social u otras medidas de liquidez, o en la expedición de certificados de estar al corriente de pago por parte de la Seguridad Social en relación con ninguna empresa o entidad, añade la misma fuente.
Se trata de actuaciones de carácter técnico adoptadas en la TGSS, sin que existiera ninguna participación o conocimiento de las empresas beneficiarias por parte del entonces ministro.
Gobierno: ayuda no fue arbitraria y contó con asesores externos
El Gobierno ha recordado este jueves que el préstamo de 53 millones de euros concedido en 2020 a Plus Ultra se hizo «en un marco reglado sin discrecionalidad ni arbitrariedad», en cuya concesión intervinieron técnicos de la Sociedad Estatal de Participaciones Estatales (SEPI) además de asesores externos.
Fuentes del ejecutivo se han referido a las condiciones del rescate días después de que el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama haya citado como imputado al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por su papel en la concesión de la ayuda a la aerolínea.
Entre otras consideraciones, el magistrado cuestiona en un ato fechado el pasado lunes la pertinencia del préstamo, al entender que la compañía se encontraba en causa de disolución y no cumplía los requisitos.
El Gobierno ha enfatizado que la para una operación de esta envergadura la normativa exige el estricto cumplimiento de los requisitos establecidos, y en este caso se trató de un procedimiento administrativo en el que participaron los servicios técnicos de SEPI, asesores externos y la compañía.
Aval de la Comisión Europea y el TJUE
Asimismo, contó con el aval de la Comisión Europea (CE) y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que respaldaron la ayuda con cargo al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE).
La resolución favorable del expediente por parte del Consejo Gestor se tomó en base a media docena de informes técnicos, todos los cuales avalaron y confirmaban el cumplimiento por parte de Plus Ultra de los requisitos establecidos, y con posterioridad el Consejo de Ministros autorizó la propuesta del Consejo Gestor.
Estos préstamos tienen un exhaustivo control por parte de la Administración, con un procedimiento administrativo y garantista; y el de Plus Ultra, dentro del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, fue tramitado y avalado por los servicios técnicos de SEPI y contó con el asesoramiento de sendos asesores financiero y jurídico externos.
Fuentes del Gobierno destacan también que la ayuda fue revisada infructuosamente por el Juzgado de Instrucción nº 15 de Madrid, por la Fiscalía, por numerosas acusaciones populares, y por un perito judicial, y además analizada por la Comisión Europea, que no halló ninguna irregularidad en el régimen de ayudas de Estado.
El préstamo también estuvo incluido en la auditoría de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) y fue fiscalizado por el Tribunal de Cuentas, concluyendo la legalidad de la ayuda.
