Mérida, 27 may (EFE).- Dos delitos, prevaricación y tráfico de influencias; once investigados, entre ellos David Sánchez y el expresidente de la Diputación de Badajoz Miguel Ángel Gallardo, y 42 testigos conforman ‘grosso modo’ y en cifras el juicio por la contratación del hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la Diputación pacense.
En el juicio, que comienza este jueves en la Audiencia de Badajoz, se suman más números: nueve acusaciones populares, seis jornadas -de momento- de vista oral y peticiones de hasta tres años de prisión, todo ello en el marco de una instrucción de casi doce meses en la que se ha analizado un periodo de nueve años y medio.
Los magistrados José Antonio Patrocinio Pérez, Dolores Fernández y Emilio Serrano constituyen el tribunal de este juicio y, además, son quienes ya avalaron la instrucción del caso dirigida por la jueza Beatriz Biedma.
Este tribunal deberá abordar cómo se desarrolló tanto el proceso de contratación de David Sánchez -finales de 2016 y principios de 2017- por parte de la Diputación para asumir el cargo de coordinador de los conservatorios pacenses como el cambio de denominación de este puesto al de ‘jefe de la Oficina de Artes Escénicas’.
También deberá analizar la contratación de Luis Carrero, amigo de David Sánchez, como jefe de Sección de Centros y Programas de Actividades Transfronterizas de la Diputación.
Once investigados
Además de David Sánchez y Miguel Ángel Gallardo se sentarán en el banquillo el amigo de David Azagra -nombre artístico del hermano del presidente del Gobierno- y que trabajó en Moncloa, Luis Carrero; los exdiputados provinciales de Cultura Cristina Núñez y Francisco Martos; el diputado de Cultura Ricardo Cabezas; las exdirectoras de Cultura Elisa Moriano y Emilia Parejo, y el actual responsable de este área, Manuel Candalija.
También figuran como investigados la exdirectora de Recursos Humanos Juan Cinta y el funcionario Félix González.
Dos delitos
La instrucción y la transformación de esta causa en procedimiento, dirigida y sustentada por la jueza Beatriz Biedma, determina presuntos delitos de tráfico de influencias y prevaricación administrativa, con penas de hasta tres años de prisión para Sánchez y Gallardo, un año y medio para Carrero, Cinta, Parejo, Cabezas, Candalija y Martos, además de años de inhabilitación.
Siete acusaciones
La Audiencia de Badajoz ya acordó desunir la hasta ahora acusación popular unificada en el procedimiento atendiendo a la petición elevada por los letrados de las distintas asociaciones y formaciones políticas que durante la instrucción de la causa conformaron una única acusación popular: HazteOir, Fundación de Abogados Cristianos, Liberum, Iustitia Europa, Manos Limpias, PP y Vox.
42 testigos
En la extensa lista, además de nueve agentes de la Guardia Civil que participaron en la investigación -se analizaron decenas de miles de correos electrónicos remitidos y enviados por los acusados-, figuran exdirectores de conservatorios pacenses de música, técnicos, jefes de servicio y excargos intermedios de la institución provincial y personas que aspiraron al puesto de David Sánchez, entre otros.
El inicio del juicio supone el final de un largo camino de nueve años y medio, desde que en octubre de 2016 en la Diputación de Badajoz se barajara la creación del puesto de coordinador de los conservatorios de música. EFE
