Madrid (EFE).- La Audiencia Nacional ha condenado al exconsejero de presidencia de la Comunidad de Madrid y exalcalde de Valdemoro Francisco Granados a dos años y medio de prisión por delitos de fraude continuado y prevaricación en el marco del caso Púnica por favorecer a una empresa de festejos, Waiter Music, en la adjudicación de contratos públicos entre 2007 y 2014.
La sentencia considera probado que Granados, que fue consejero del Gobierno de Esperanza Aguirre, «mantuvo una capacidad de influencia continuada sobre los órganos decisores, aún sin ostentar formalmente competencia administrativa directa», y a cambio de esta relación obtuvo contraprestaciones en especie, en concreto eventos privados que sufragaba el empresario José Luis Huertas.
Por la contratación irregular para actos en fiestas locales de la empresa Waiter Music, cuyo dueño, el fallecido José Luis Huerta, era amigo -según la Fiscalía- de Granados desde su etapa como alcalde de Valdemoro han sido condenados también los exregidores de esta localidad madrileña José Carlos Boza y José Miguel Moreno a cuatro y dos años de cárcel, respectivamente.
También ha sido condenado a dos años de cárcel el exsenador del PP David Erguido, que fue teniente de alcalde y concejal de festejos en Algete.
Además, los exalcaldes de Ciempozuelos María Ángeles Herrera y de Moraleja de Enmedio Carlos Alberto Estrada han sido condenados a dos años de prisión, mientras que la Audiencia Nacional ha absuelto a los exalcaldes de Móstoles Esteban Parro y Daniel Ortiz Espejo y a otros dos acusados, un concejal de Algete y la ex directora gerente de la Fundación Arpegio de la Comunidad de Madrid Carmen Plata.
Adjudicaciones de fiestas patronales, carnavales o cabalgatas
Con Waiter Music o empresas relacionadas con José Luis Huerta Valbuena mantuvo contratos entre 2004 y 2013 el Ayuntamiento de Valdemoro y entre 2007 y 2011 los consistorios de Móstoles, San Martín de la Vega, Algete, Chinchón, Ciempozuelos, Torrejón de Velasco y Moraleja de Enmedio, todos ellos gobernados por el PP.
Los expedientes de celebraciones como las fiestas patronales, los carnavales o las cabalgatas de los Reyes Magos estaban predeterminados, cuando existían, para estas empresas.
El empresario que según la Fiscalía era amigo de Granados realizaba los festejos contratados y, a requerimiento de los políticos, también servicios extras que no eran facturados a requerimiento, bien para actos del PP municipal o para miembros del partido.
El empresario de Waiter Music, ya fallecido, realizaba estos encargos «para seguir contando con el favor de los diferentes políticos municipales en la adjudicación de festejos», y según la sentencia en algunos casos asumía el coste directamente mientras que en otros presentaba «facturas por un importe mayor al propio del beneficio mercantil del coste de los actos».
La adjudicación de contratos se producía en el ámbito de influencia de Granados en un contexto «en el que la relación personal y política facilitaba la obtención de decisiones favorables, en conexión con la obtención de beneficios económicos indirectos para el empresario», aunque este no ejerciera una influencia directa, dice la sentencia.
La Audiencia Nacional no atribuye responsabilidad civil a los condenados
No ha quedado probado, según los magistrados de la Audiencia Nacional, que los ayuntamientos a los que se refiere la sentencia «hayan abonado gasto que no se corresponda a servicios realizados», por lo que no impone responsabilidad civil a los condenados, como solicitaba la acusación de Adade, que reclamaba cantidades de cientos de miles de euros a los distintos acusados.
Con esta sentencia, Granados recibe su segunda condena por el caso Púnica, un procedimiento por el que pasó dos años y medio en prisión preventiva.
En su primera pena por Púnica fue condenado a dos años de cárcel por servirse del chivatazo que le dio un guardia civil acerca la operación policial sobre esta macrocausa de corrupción municipal, que estalló en octubre de 2014.
