Madrid (EFE).- El pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) ha aprobado este viernes más de 235 millones para fortalecer la Atención Primaria y la salud bucodental y reforzar distintas prestaciones, estrategias y servicios del Sistema Nacional de Salud durante el ejercicio presupuestario 2026.
Manual de Buenas Prácticas de la Eutanasia
En rueda de prensa al término del Consejo, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha informado de que en el pleno también se ha aprobado la segunda edición del Manual de Buenas Prácticas de la Eutanasia, que recoge todas las aportaciones presentadas por las comunidades autónomas, y que ha contado con un único voto en contra de la Comunidad de Madrid.
Entre los argumentos aducidos por la consejera de Madrid Fátima Matute, del PP, para votar en contra del manual están «problemas éticos, jurídicos y clínicos que deben ser corregidos».
A juicio de la ministra, la Comunidad de Madrid «va en contra de los derechos ya sea la eutanasia o el aborto» y ha garantizado que el manual tiene «todas las seguridades jurídicas».
Según Matute, «la Comunidad de Madrid no cuestiona en absoluto la ley de la Eutanasia, sino el manual de aplicación por presentar problemas» como, por ejemplo, no incluir suficientes recomendaciones de las sociedades científicas ni la participación de expertos en salud mental en casos complejos.
Malestar del PP por el estatuto marco
Según Matute, «la Comunidad de Madrid no cuestiona en absoluto la ley de la Eutanasia, sino el manual de aplicación por presentar problemas» como, por ejemplo, no incluir suficientes recomendaciones de las sociedades científicas ni la participación de expertos en salud mental en casos complejos.
En concreto, la segunda edición del Manual de Buenas Prácticas en Eutanasia recoge también «la opción de donación de órganos sin interferir en la prestación de la eutanasia y se adapta a los protocolos de la Organización Nacional de Trasplantes».
Además, mejora la estructura organizativa de las unidades de apoyo, una petición de la Asociación Derecho a Morir Dignamente.
Malestar en CCOO por no abordar el estatuto marco
En conjunto, las comunidades autónomas gobernadas por el PP han expresado tras el pleno su malestar por no haber abordado el estatuto marco que cuenta ya con 14.000 alegaciones.
El consejero de Sanidad de Castilla y León y portavoz de las comunidades del PP, Alejandro Vázquez, ha acusado a la ministra de «estar feliz y a gusto con el conflicto» y de no querer negociar, y le ha recordado que pese a que ha habido un acuerdo con el sindicato de médicos, «los paros no han cesado porque la petición es un estatuto marco propio».
En la rueda de prensa, García ha explicado que los 235 millones de euros se distribuyen de la siguiente manera: 172,4 millones de euros a las comunidades autónomas para reforzar la Atención Primaria y comunitaria y 60 millones para ampliar la cartera común de salud bucodental.
Además, habrá dos millones de euros para la mejora del sistema de información del Sistema Nacional de Salud y 960.000 euros para la financiación del marco estratégico para los cuidados de enfermería.
Tratamientos farmacológicos complejos
También se ha aprobado un protocolo común para coordinar en todo el sistema el acceso a los tratamientos farmacológicos más complejos, aquellos que superan los 80.000 euros por paciente y año.
«Queremos que estos tratamientos se administren con las mismas reglas en todo el territorio», ha dicho la ministra.
El acuerdo se aplicará inicialmente en 66 tratamientos farmacológicos de alta complejidad, 12 terapias avanzadas y 54 tratamientos de alto impacto económico.
Respecto a las críticas del PP sobre las transferencias en financiación, la ministra les ha instado a «hablar con sus consejeros de Hacienda, a la consejera de Madrid que hable con Ayuso y al de Castilla y León que hable con Mañueco».

«Cualquiera que vaya a las transferencias de las comunidades autónomas de los últimos años encuentra muy fácilmente las transferencias que ha habido desde 2018: 222.000 millones en transferencias directas, 80.000 del plan de recuperación y resilencia, a lo que hay añadir los 3.700 millones que hemos transferido desde el Ministerio de Sanidad», ha dicho.
Por ello, García ha afirmado que «cuando las comunidades dicen que no tienen dinero o que no lo pueden financiar es falso: una de dos , o no lo han hablado con sus consejeros de Hacienda o no lo han hablado con sus presidentes».
García ha recordado a las comunidades «que si hay un 45 % más de presupuesto que en 2018 y el presupuesto en Sanidad solo lo han aumentado un 20 %, por algún agujero se ha ido el presupuesto sanitario».
Sobre el estatuto marco, García ha lamentado que el PP se presente como «adalides de los profesionales y luego sus demandas las dejen en un cajón».
«Nos piden de tapadillo que no limitemos las guardias y que mantengamos las de 24 horas»
La ministra también ha informado de la paradoja que se da con el PP y frente a la eliminación de las guardias de 24 horas plasmada en el estatuto marco , «los gobiernos del PP nos piden de tapadillo que no limitemos las guardias y que mantengamos las de 24 horas».
Para la ministra, esto solo se justifica por dos motivos: «no quieren hacerse cargo de las mejoras que tienen en sus competencias y prefieren tener el conflicto abierto. Esto es el perro del hortelano, ni mejoras ni dejas mejorar».
Asimismo, entre otros desencuentros en el Consejo Interterritorial, figura la queja de Euskadi, con su voto en contra, al pago de 51 millones que tendría que hacer al fondo de cohesión sanitaria, lo que se abona entre comunidades por la asistencia sanitaria y farmacéutica fuera de la Comunidad de origen, por considerar la cantidad «desproporcionada».










