Málaga (EFE).- El Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA) ha trasladado a la Fiscalía la difusión «masiva» de un vídeo en la red social TikTok en el que se observa una agresión física y verbal de cuatro jóvenes menores contra otra en Moguer (Huelva).
El organismo ha decidido comunicar los hechos a la Fiscalía de Criminalidad Informática al considerar que las imágenes podrían afectar gravemente a los implicados y requerir la intervención de las autoridades competentes, ha informado este martes en un comunicado.
El CAA también ha denunciado el contenido ante la red social para que retire el vídeo ya que «su permanencia en la plataforma continúa amplificando el daño causado a la víctima y favorece la difusión de un contenido de extrema violencia».
El vídeo muestra a varios menores que increpan, insultan y agreden físicamente a otra mientras la escena es grabada y posteriormente compartida en la plataforma.
El CAA ha subrayado que la viralización de contenidos audiovisuales que muestran episodios de violencia, especialmente cuando afectan a menores, supone una vulneración de derechos fundamentales relacionados con la protección de la infancia, la intimidad y la propia imagen, además de generar un efecto multiplicador del daño causado a la víctima.
Especial atención si afectan a menores
Ha indicado que las plataformas de intercambio de vídeos desempeñan un papel esencial en la protección de los derechos de los usuarios, especialmente cuando los contenidos difundidos afectan a menores de edad.
Por ello, ha recordado que los prestadores de estos servicios deben actuar con la máxima diligencia cuando tienen conocimiento de la existencia de materiales que puedan vulnerar derechos fundamentales o contravenir tanto sus propias normas comunitarias como la normativa europea.
Además ha afirmado que es imprescindible que las plataformas digitales respondan con rapidez y eficacia ante este tipo de situaciones, retiren aquellos contenidos cuya difusión pueda ocasionar un perjuicio continuado y colaboren con las autoridades competentes cuando existan indicios de posibles delitos.
El CAA ha concluido que la protección de la infancia y de las personas vulnerables constituye una obligación compartida por las instituciones públicas, las empresas tecnológicas y el conjunto de la sociedad.
