Madrid (EFE).- La Comunidad de Madrid ha formalizado este jueves la interposición de su recurso contencioso-administrativo en el que solicita a la Justicia que adopte medidas cautelarísimas para forzar a la Delegación del Gobierno a desalojar la acampada de la Puerta del Sol.
Según han trasladado fuentes del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, la Abogacía General de la Comunidad de Madrid ha argumentado que se ha producido «una ocupación ilegal del espacio público» y que la Delegación del Gobierno tiene la obligación «imperativa» de ejercer sus competencias de «prevención y vigilancia» para «garantizar la protección de las personas, los bienes y las instituciones».
El martes, la Comunidad envió un requerimiento al delegado del Gobierno, Francisco Martín, donde le recriminó su «inacción» y le dio un plazo de 48 horas para desalojar la plaza.
Contestación de delegación de Gobierno
El delegado ha contestado esta mañana que están «desarrollando las actuaciones que resultan procedentes» y que la acampada muestra «pleno respeto al ordenamiento jurídico». En respuesta, el Ejecutivo madrileño ha dado el paso de interponer este recurso ante la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Madrid.
La Comunidad sostiene en su recurso que la protesta por la crisis de la vivienda instalada en la Puerta del Sol desde el pasado fin de semana «está excediendo los límites constitucionales y legales que delimitan el ejercicio del derecho fundamental de reunión».
Alega asimismo que el ejercicio de las funciones del delegado no tiene «margen de apreciación ni discrecionalidad», por lo que «debería actuar de inmediato y en virtud de sus competencias».
Además, ha adjuntado al recurso un informe del Gobierno autonómico que constata la «evidente y manifiesta afección física y directa» a dos Bienes de Interés Cultural (BIC), la Real Casa de Correos (sede del Ejecutivo regional) y la Escultura del Oso y el Madroño, lo que según la Comunidad «podría constituir un delito de expolio contra el patrimonio cultural».
La «relación de daños» recopilada por la Comunidad
El informe de la Dirección General de Patrimonio y Oficina del Español de la Comunidad de Madrid recoge una «relación de daños» que incluye, respecto a la Real Casa de Correos, «trepar y subirse a la fachada» apoyándose en ventanas y rejas; «ejercer peso, tirones y agarres sobre elementos arquitectónicos no preparados para soportarlos»; o «realizar pintadas y grafitis».
En cuanto a la escultura del Oso y el Madroño, la Comunidad aprecia un «claro intento de desvirtuar un bien patrimonial que forma parte de la historia colectiva de todos los madrileños».
Denuncia que los manifestantes se han subido a la escultura, sometiéndola «a un peso excesivo»; que se han colocado pegatinas y pinturas sobre la estatua «que deberán ser retiradas por un restaurador utilizando los medios físicos y químicos»; y que se han instalado sobre ella «cuerdas, banderas y otros objetos» que alteran «su imagen y la correcta percepción de sus valores patrimoniales».
Finalmente, y en relación con el conjunto de la plaza, la Comunidad se queja de que su ocupación total «dificulta la visión, el acceso y el disfrute del espacio protegido» y, además, impide «la inspección de determinadas zonas» y, por extensión, la comprobación de «otros posibles deterioros».
Maricarmen, «señuelo», según Ayuso
Ayuso ha acusado también a la izquierda de usar como «señuelo» a Maricarmen, la anciana de 87 años cuyo desahucio la semana pasada ha puesto la crisis de la vivienda en el centro de la política nacional, y ha reclamado que la «dejen en paz».
«Se están lucrando de ella, porque tenían primero preparadas las acampadas y las algaradas; luego utilizaron el primer señuelo que pasaba por delante», ha afirmado en el pleno de la Asamblea.
Díaz Ayuso ha insistido en cuestionar que «no hicieron caso a ninguno» de los «25.000 casos» de desahucio que hubo el año pasado.
Y ha reivindicado que Maricarmen, que está ingresada en el Hospital Gregorio Marañón de la capital desde el 23 de septiembre que fue desahuciada, está «en las mejores manos, en la sanidad pública de Madrid».
Finalmente, Maricarmen podrá volver a su casa cuando le den el alta, tras aceptar el acuerdo alcanzado este lunes entre sus representantes, el Sindicato de Inquilinas de Madrid y Urbagestión Desarrollo e Inversión SL, la empresa propietaria del piso donde vivía.
