Madrid (EFE).- El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ha anunciado que trabaja en una nueva norma para aprobarla «lo antes posible» con el fin de restaurar el decreto que frenaba la creación de universidades privadas y que ha tumbado el Tribunal Supremo.
Fuentes del Ministerio han señalado que respetan la sentencia del Tribunal Supremo que anula el decreto del Gobierno que endurecía los criterios para crear nuevas universidades y que pretendía evitar que proliferasen centros privados de enseñanza superior que no cumplieran con los estándares de excelencia, pero «no cambia nuestra convicción sobre la necesidad de contar con una regulación que ordene el crecimiento del sistema universitario y garantice su calidad».
«No nos cruzamos de brazos. Ya estamos trabajando en una nueva norma para poder aprobarlo lo antes posible, dentro del marco que establezca la resolución judicial y con todas las garantías jurídicas», añade el comunicado que incide en que el decreto «fue tramitado con todas las garantías» y contó con el aval del Consejo de Estado.
Para el Gobierno, el problema que motivó esta regulación sigue existiendo y hay que garantizar que el crecimiento del número de universidades no se haga a costa de la calidad del sistema y crezca con garantías vinculadas a la investigación, profesorado, oferta académica y sostenibilidad.
La sentencia del Supremo
Como decimos, el Tribunal Supremo ha anulado el decreto del Gobierno que endurece los criterios para crear nuevas universidades y que pretendía evitar que proliferen centros privados de enseñanza superior que no cumplan con los estándares de excelencia.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal ha tumbado el real decreto 905/2025 de 7 de octubre sobre universidades al estimar un recurso de Baleares por falta de justificación de su tramitación urgente, lo que significa que no ha entrado en el fondo del asunto.
En síntesis, el Supremo concluye que el acuerdo de la tramitación urgente del procedimiento de elaboración y aprobación no está debidamente justificado, por tanto la omisión del trámite de consulta previa carecía del amparo legalmente exigido.
El núcleo de la cuestión para el Supremo
Para el alto tribunal, el núcleo de la cuestión está en si el acuerdo del Consejo de Ministros de 1 de abril de 2025, que decide la tramitación urgente del proyecto presentado, expone y justifica las circunstancias extraordinarias que exijan la aprobación urgente de la norma y la omisión del trámite de consulta pública.
Dice el Supremo que «el único elemento que se emplea para la justificación (aprobación de la reforma para que pudiera estar en vigor en el curso académico 2025/26) es más una voluntad política para su pronta entrada en vigor que una causa objetiva que acredite una urgencia ante la necesidad de evitar unos determinados efectos que produce la normativa reglamentaria vigente».
Además, la explicación que alega el acuerdo del Consejo de Ministros «no permite considerar que las circunstancias que enumera puedan entenderse como extraordinarias o imprevisibles».
«No son otra cosa que circunstancias que el titular de la potestad reglamentaria presenta como la causa necesaria para realizar las reformas que considera oportunas ante la evolución del sistema universitario, pero que no pueden justificar una declaración de urgencia que tiene como efecto legalmente previsto la omisión del trámite de consulta pública», añade la Sala.
Por tanto, continúa el tribunal, «el acuerdo de la tramitación urgente del procedimiento de elaboración y aprobación no está debidamente justificado. Y, su efecto, de omisión del trámite de consulta previa carecía del amparo legalmente exigido».
Lo que regula la norma
Entre otro aspectos, la norma establecía un número de alumnos exigidos para poder abrir un centro de educación superior (4.500 estudiantes), regulaba la verificación de nuevos títulos dentro de una universidad ya creada así como la necesidad de tener un número de profesores doctores y la acreditación de centros extranjeros con sede en España.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguró al respecto la intención de frenar la creación de «chiringuitos» y reforzar las exigencias para garantizar que las universidades tengan proyectos de calidad y no sean «una máquina expendedora de títulos».
