Laura López |
Madrid (EFE).- El proceso extraordinario de regularización de inmigrantes, que el Gobierno preveía culminar en septiembre, sigue incompleto y con cifras desconocidas sobre los expedientes que faltan por resolver, lo que genera preocupación e incluso enfado entre los beneficiarios, sentimientos agravados por el adelanto electoral.
La última vez que el Ejecutivo ofreció datos fue el 2 de julio, cuando dio cuenta de 1.174.978 peticiones, 609.737 admisiones a trámite -un paso muy importante porque ya otorga al beneficiario una primera autorización temporal para trabajar- y unas 11.000 resoluciones definitivas.
Abogados estiman que falta más del 70 % por resolver
Ante la ausencia de datos actualizados, nueve despachos de abogados que, entre todos, han acompañado miles de solicitudes, han cruzado sus números, a los que ha tenido acceso EFE: El 65,5 % de sus peticiones han sido admitidas a trámite, pero solo el 27,94 % están resueltas definitivamente.
Uno de los despachos que participa en este recuento es Legalteam, que ha acompañado más de 5.000 peticiones. Su director general Guillermo Morales asegura a EFE que los datos ofrecen un «termómetro» fiable sobre la situación.
«La gente está muy cabreada», asegura el especialista, que lamenta que se «vendiera» un proceso «ágil» por parte del Gobierno y, después de tantos meses, la gran mayoría no haya recibido sus papeles de forma definitiva.
Morales apunta a la falta de medios, sobre todo de personal, porque el número de peticiones superó con creces las previsiones del Gobierno, para lo que muchos abogados reclaman desde hace meses un «plan de choque» con un refuerzo de efectivos.
Fuentes de la Secretaría de Estado de Migraciones consultadas por EFE han declinado aportar nuevos datos sobre la tramitación de peticiones, pero han asegurado que el Gobierno continúa trabajando en la resolución de expedientes y lo seguirá haciendo «hasta que todas las personas que han presentado su solicitud» reciban una respuesta.
Trabas para trabajar con la autorización temporal
A pesar del gran volumen de peticiones admitidas a trámite, el retraso para resolver de manera definitiva las peticiones afecta al día a día de estas personas porque muchas empresas no contratan a la gente sin «el plástico» -la Tarjeta de Identidad de Extranjero (TIE)- al que solo se puede acceder con la autorización final.
Ejemplo de ello es Lola Valdés, argentina de 50 años, quien relata en una conversación con EFE que una cadena de supermercados la rechazó en un taller de formación a pesar de tener el permiso temporal de trabajo.
«Me acaban de decir que no toman a gente con la regularización, porque tienen miedo de que no salga el favorable y después les multen y entonces no se van a arriesgar», explica.
Preguntada por si su incertidumbre se agrava ante la convocatoria de elecciones, Valdés asegura que le trae «sin cuidado» lo que ocurra el 29 de noviembre porque lo que necesita es trabajar «hoy» para poder pagar a final de mes la habitación que alquila.
Sin citas para la toma de huellas y conseguir la TIE
A estos problemas se suman otras trabas burocráticas, como la misión prácticamente imposible de conseguir cita para la toma de huellas previa a la obtención de la TIE, que muchos acaban teniendo que comprar en el mercado negro por precios que van desde los 100 a los 350 euros.
De cara a las elecciones, el abogado extranjerista Vicente Marín, de Parainmigrantes.info, duda «muchísimo» de que el Gobierno alcance el total de resoluciones antes de la cita con las urnas y, de hecho, no cree que lo haga antes de que acabe el año.
Pero aun así, lanza un mensaje de tranquilidad a sus clientes, que acuden a él «muy agobiados», ya que confía en que, aun en el caso de que cambie el Gobierno, este proceso seguirá adelante porque se ha hecho «conforme a la normativa» y goza de seguridad jurídica.
Preocupación ante un posible cambio de Gobierno
La portavoz de Regularización Ya, una de las plataformas impulsoras de esta iniciativa, Vicky Columba, asegura que en el movimiento están «muy preocupadas» por que después de años de lucha este proceso quede incompleto por falta de coordinación entre ministerios y de «sensibilidad» por parte del Ejecutivo.
Consideran una «vergüenza» que una vez finalizado el plazo que se dio el Gobierno y a menos de dos meses de las elecciones, aún queden tantas peticiones sin respuesta y no se hayan resuelto otras trabas, como en el acceso al empleo con la autorización temporal.
Temen que, si todo sigue igual, muchas personas lleguen al momento de pedir la prórroga de su permiso después de un año -contando desde el día de su solicitud- sin haber podido trabajar, lo que las pone en riesgo de caer de nuevo en la irregularidad.
En su opinión, llegar a las elecciones con los papeles en regla significa tener sus derechos blindados ante una posible «embestida» de la «extrema derecha» si entra en el Gobierno. De lo contrario, lamentan, el Ejecutivo les habrá dejado «la mesa servida» para que se los «meriende».
