Madrid (EFE).- El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Plan de Acción de Juventud hasta 2028, que moviliza casi 60.000 millones de euros para impulsar más de 300 medidas en materias como la educación, el empleo, la vivienda, la salud o la igualdad o la participación, que recoge las demandas de entidades juveniles.
Entre las medidas recogidas en el plan, resultado de un proceso participativo con más de 70 entidades juveniles, se encuentran becas y ayudas al estudio, programas de empleo juvenil, el Bono Cultural Joven, medidas de movilidad como el Verano Joven o políticas de emancipación, ha relatado la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego.
Este instrumento, que se enmarca dentro de la Estrategia de Juventud 2023, establece las prioridades, las actuaciones y los compromisos de inversión de los distintos ministerios en materia de juventud.
Con la participación de entidades juveniles
Rego ha destacado que esta es la primera vez que se construye este plan mediante un proceso participativo de entidades juveniles que arrancó en 2024, con diferentes encuentros en mesas de trabajo con 15 ministerios, que ha permitido concretar el alcance de las políticas públicas en materia de juventud.
Además de incluir las peticiones y los compromisos políticos, la ministra ha explicado que también se contemplan algunas demandas que no han tenido «un correlato en la medida política concreta», junto a las respuestas de los ministerios competentes y los acuerdos que se han alcanzado.
«Las reivindicaciones no se borran porque no hay acuerdo, quedan recogidas con sus respuestas y permiten exigir responsabilidades y seguir abriendo caminos», ha subrayado Rego, que ha incidido en que el documento aprobado sigue «vivo».
Medidas sobre vivienda
Entre las demandas recogidas, en el apartado de Horizonte Joven 2030, ha detallado la ministra, se encuentran destinar el 30 % de la nueva edificabilidad residencial a la vivienda protegida en alquiler asequible; movilizar viviendas vacías y establecer medidas fiscales contra la especulación; o prohibir las viviendas turísticas en zonas tensionadas.
También han reclamado crear un observatorio estatal del derecho a la vivienda; reforzar el escudo social frente a los desahucios, garantizar los suministros básicos; facilitar el acceso a la vivienda mediante ayudas directas; y promover la participación juvenil en la creación de vivienda social, entre otras peticiones.
El documento se articula en torno a doce ejes y, cada uno de ellos, presenta un diagnóstico de la situación, los objetivos, las medidas previstas y su financiación, así como los mecanismos de seguimiento y evaluación de los compromisos.
Este segundo Plan de Acción supone un incremento del 79 % respecto al anterior aprobado en 2023, que contaba con 33.000 millones de euros, y concentra un mayor esfuerzo en educación y formación, que suma 3.152 millones más, seguida del empleo, con 930 millones adicionales, y de la salud, con 626 millones más.
Además, este nuevo plan refuerza la protección de la juventud en riesgo de exclusión o discriminación, con 201 millones más, y apuesta por la juventud del mundo rural, con un aumento de 141 millones.
