Madrid (EFE).- El Tribunal Supremo ha reclamado a los ministros de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, que remitan antes del 28 de octubre la relación nominal de las 163.020 personas afectadas por la aplicación de la Ley de Nietos, con apercibimiento de multa o deducción de testimonio.
En concreto, la Sala de lo Contencioso Administrativo requiere a los ministros que remitan al Supremo, a la Junta Electoral Central y a la Oficina del Censo Electoral, la relación nominal de las 163.020 personas afectadas por la suspensión del derecho a voto de extranjeros inscritos en el Centro de Residentes Ausentes (CERA).
Y les advierte de que si transcurrido un plazo de cinco días, que vencerá a las 15 horas del día 28, no han enviado esa información, la Sala podrá acordar una multa coercitiva de 1.000 por incumplir este requerimiento, así como reiterar estas multas hasta la completa ejecución del fallo judicial o deducir testimonio de particulares para exigir la responsabilidad penal que pudiera corresponder.
«Esta relación nominal que, incomprensiblemente para esta Sala, no ha sido facilitada aún, es fundamental para la correcta conformación del Censo Electoral de referencia, pues solo de ese modo responde a los principios de transparencia y objetividad del proceso electoral», dice la Sala.
Los magistrados han tomado esta decisión en dos autos dictados este viernes tras las alegaciones presentadas a la decisión de la Junta Electoral Central, en la que acuerda enviar entre los días 24 y 30 la documentación a todos los inscritos en el CERA de cara al 29N, con la advertencia de que no todos podrán ejercer el derecho al voto debido a la suspensión decretada por el Supremo.
Solo 91 certificaciones de 31.390 expedientes revisados
Al respecto, el tribunal explica que la Abogacía del Estado ha trasladado que a 21 de octubre, han sido revisados 31.390 expedientes, de los que tan solo 91 han recibido el certificado en el que acreditan el exilio de sus ascendientes para poder votar el 29N, tal y como reclamaba el Supremo en sus autos de medidas cautelares de los pasados 10 de septiembre y 12 de octubre.
Dicho de otro modo, el Supremo reprocha a la Abogacía que tenga una lista de 163.020 afectados pero no les revele las identidades de esas personas, algo que es «incompresible» después de transcurrido mes y medio de la suspensión cautelar, pese a que los consulados sostienen es imposible de tener antes del 29 de noviembre.
Bolaños garantiza que tendrá en plazo la lista
Bolaños ha asegurado este viernes que el Supremo tendrá en plazo la lista de afectados por suspensión de voto en plazo.
En declaraciones a la prensa en A Coruña, ha indicado que su departamento ha trabajado desde las primeras decisiones del Supremo «haciendo todo lo humanamente posible para dar cumplimiento a los requerimientos» y que su Ministerio aportó toda la documentación, todos los nombres y toda la información disponible en el registro civil digitalizado el pasado día 15 a la Oficina del Censo Electoral, el mismo día que se reclamó.
Sobre el Ministerio de Asuntos Exteriores, ha manifestado que le consta que ya hubo instrucciones claras a todos los consulados en esa misma fecha, que ahora se van a reiterar para cumplir con el requerimiento en un «tiempo récord» pese a ser un trabajo «manual» y muy laborioso. Pero «encantados» de hacerlo y de cumplir con el plazo, ha ahondado.
Tres afectados presentan un incidente de nulidad
En relación a esto, el despacho de abogados del exjuez Baltasar Garzón ha presentado ante el Tribunal Supremo un incidente excepcional de nulidad para que se pronuncie sobre la petición de tres ciudadanos españoles que han visto suspendido su derecho al voto a consecuencia de su decisión por la ley de nietos.
Tras el fallo del Tribunal Constitucional de no admitir a trámite el recurso del Defensor del Pueblo, el despacho presentó este miércoles los escritos de personación de tres afectados, sobre los cuales tiene que responder el Alto Tribunal en los próximos días.
El despacho informa en un comunicado de que presenta el incidente de nulidad «ante la gravedad de los hechos» con «el objetivo de que el Supremo se pronuncie ahora, ante la petición de nulidad de las medidas cautelares» efectuadas en nombre de tres afectados.
