Madrid (EFE).- El Ministerio de Asuntos Exteriores ha confirmado que ha reforzado personal en los consulados para cumplir con el requerimiento del Tribunal Supremo, que ha dado de plazo hasta el 28 de octubre para facilitar las identidades de las 163.020 personas afectadas por la aplicación de la ley de nietos.
Fuentes de Exteriores han señalado este sábado que han autorizado todas las solicitudes de refuerzo de personal solicitadas por los consulados y han puesto a disposición de estos a todo el personal de las Embajadas para cumplir con esta tarea.
Las mismas fuentes han añadido que «se le ha trasladado a todos los consulados que es imperativo que entreguen los datos solicitados para cumplir con el plazo» establecido por el Tribunal Supremo.
Una tarea «urgente y prioritaria»
En concreto, el alto tribunal reclamó el viernes a los ministros de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, que remitan antes del 28 de octubre la relación nominal de las 163.020 personas afectadas por la suspensión del derecho a voto de extranjeros inscritos en el Centro de Residentes Ausentes (CERA).
Y les advirtió de que si a las 15 horas del día 28 no han enviado esa información, la Sala podrá acordar una multa coercitiva o deducir, en su caso, el oportuno testimonio de particulares para exigir la responsabilidad penal que pudiera corresponder.
Las fuentes de Exteriores explican que desde que recibieron los autos del Tribunal Supremo, se trasladó a los consulados que esta tarea era «urgente y prioritaria» y se suspendieron todos los permisos y vacaciones que tenían.
Dada la prioridad y la urgencia, no solo se ha reforzado personal en los consulados, sino que se ha pedido también que trabajen en esta tarea este sábado y este domingo.
Casi 32.000 fuera de las urnas
De los 163.020 nacionalizados por la ley de nietos que pueden estar afectados por la suspensión del derecho a voto decretada por el Tribunal Supremo, se han revisado por el momento 31.390 expedientes y los consulados solo han expedido 91 certificados de personas que han acreditado ser descendientes de exiliados.
El resto, 31.299, no podrían votar en las elecciones del 29 de noviembre, de acuerdo con las medidas cautelares adoptadas por el alto tribunal.
