Madrid (EFE).- Las acusaciones populares que coordina el PP han pedido al juez Santiago Pedraz que prohíba a la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, y al número dos del cuerpo, Manuel Llamas, «ejercer cualquier facultad de mando» sobre la Unidad Central Operativa (UCO) y su departamento de delincuencia económica.
Además de esta solicitud de medidas cautelares, han pedido al juez la imputación del ex director general del instituto armado Leonardo Marcos en el conocido como caso Leire Díez, que se instruye en la Audiencia Nacional.
Nuevas diligencias para impulsar la investigación
En los últimos días, las acusaciones han presentado varios escritos ante el juez, a los que ha tenido acceso EFE, en los que piden una batería de diligencias para impulsar la investigación centrada en presuntas maniobras para desbaratar causas judiciales que afectasen al PSOE o al Gobierno.
Piden también ampliar la imputación de la exmilitante socialista Leire Díez, del expresidente de la SEPI Vicente Fernández, del exjefe de gabinete de Pedro Sánchez y expresidente de Correos Juan Manuel Serrano y otros cargos de esta empresa por «la creación de un puesto ad hoc» para la primera en Correos.
Para las acusaciones, que González y Llamas continúen en el cargo «resulta objetivamente incompatible con la naturaleza de los hechos investigados», ya que ambos «mantienen intacta su capacidad de mando directo sobre los propios agentes de la UCO cuya labor investigadora se habría tratado de neutralizar».
Reclaman asimismo que se prohíba «incoar, tramitar o resolver informaciones reservadas, expedientes o procedimientos disciplinarios de cualquier clase que afecten a los mandos y agentes de la UCO mientras dure el procedimiento» judicial.
El PP alega que hay riego de «represalias»
En esta línea, quieren que se prohíba el acceso a González y a Llamas a «la documentación, sistemas y expedientes relativos a la investigación en curso», y que se comuniquen «con los agentes y testigos que han declarado en la causa».
Consideran que «existe un riesgo de represalia sobre testigos y agentes», ya que «los mandos de la UCO que han declarado bajo juramento sobre las presiones sufridas siguen orgánicamente subordinados a los investigados».
El PP sostiene esta petición de medidas cautelares en los informes de la UCO «que acreditan las presiones para ‘ponerse de perfil’ y ‘no ser proactivos’ en las causas de afectación política», así como en «la coincidencia temporal entre los contactos con la trama y la apertura de las informaciones reservadas contra la unidad».
«Los hechos investigados responden a una actuación coordinada por la cúpula de la Guardia Civil», dicen las acusaciones al pedir la imputación del ex director general Leonardo Marcos.
Piden investigar el papel de Correos
Según expone en su escrito, el exjefe de la UCO Rafael Yuste también denunció «presiones» procedentes del exdirector del cuerpo para que la unidad «se pusiera de perfil» en la investigación al hermano del presidente del Gobierno.
En paralelo, las acusaciones solicitan al juez investigar la contratación en Correos en 2022 de Leire Díez como directora de Filatelia y Relaciones Institucionales, un puesto que -según exponen- no respondía «a una necesidad organizativa objetiva, sino que fue concebido, diseñado y adjudicado a la medida de una persona previamente elegida».
Consideran que el expresidente de Correos «participó activamente» en el nombramiento de Díez y ven indicios de prevaricación en la contratación de la exmilitante socialista.
Y además de esta línea de investigación, también quieren profundizar en «las circunstancias relativas a la tramitación y archivo de la denuncia» formulada contra Leire Díez y «las comunicaciones mantenidas entre miembros de la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía Provincial de Badajoz».
Para ello, piden citar como testigo al fiscal jefe de Badajoz, José Luis Alonso.
