Madrid (EFE).- El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha rechazado suspender de urgencia, de forma cautelarísima, el procedimiento abierto por el Ministerio de Cultura para instar a la extinción judicial de la Fundación Francisco Franco, al amparo de la Ley de Memoria Democrática y de la normativa sobre fundaciones.
En un auto adoptado este miércoles, 11 de marzo, al que ha tenido acceso EFE, la sección sexta del TSJ ha rechazado la medida cautelarísima reclamada por la Fundación Francisco Franco al entender que «no concurren razones de urgencia que permitan la adopción de la medida cautelar inaudita parte», es decir sin escuchar a la otra parte.
La fundación pide suspender el procedimiento de Cultura para instar judicialmente a su extinción, argumentando que implicaría «la desaparición de su personalidad jurídica, la liquidación de su patrimonio y la frustración definitiva de sus fines fundacionales», así como un «daño reputacional».
La Fundación Francisco recurrió la inadmisión por parte de la Subsecretaría de Cultura de su recurso de alzada contra la denegación de unas pruebas -la declaración de siete historiadores e investigadores- en el marco del procedimiento previo a instar la extinción judicial de esta organización.
No ve razones de urgencia
El Tribunal Superior de Justicia, que admitió a trámite dicho recurso, rechaza la cautelarísima solicitada y al argumentar la ausencia de razones de urgencia señala que se está recurriendo una resolución interlocutoria, sobre la pertinencia de pruebas, y «la solicitud de las pruebas propuestas pueden ser reproducidas ulteriormente».
El pasado mes de febrero, el Ministerio de Cultura dio un paso más en el proceso para pedir la extinción de la Fundación Francisco Franco tras estudiar las alegaciones presentadas por esta entidad y concluir que debe instar su extinción judicial, al amparo de la Ley de Memoria Democrática y de la normativa sobre fundaciones.
Los trámites para reclamar la extinción de esta fundación se iniciaron en junio de 2024 cuando Cultura comenzó a recopilar información sobre sus actividades mediante informes al registro de fundaciones y a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática.
La apología del franquismo, la humillación a las víctimas y la no persecución de fines de interés general son los argumentos contra la fundación que lleva repitiendo el Gobierno en todo este procedimiento.
