Madrid (EFE).- El Gobierno ha vetado este martes en la Mesa del Congreso dos enmiendas del PP a la proposición de ley de Junts sobre multirreincidencia, entre ellas la que endurecía los requisitos para la regularización de migrantes al exigir, en todos los casos, un certificado oficial de antecedentes penales.
Según han informado fuentes parlamentarias, el Ejecutivo ha vetado esas enmiendas introducidas en el Senado por los populares y que iban a votarse este jueves en el Congreso por considerar que su aprobación implicaría un incremento presupuestario.
Una de ellas pretende endurecer los requisitos para la regularización de migrantes al plantear que todas las autorizaciones de residencia precisarán que el solicitante carezca de antecedentes penales y «no sea sujeto de una pendencia penal suficiente en España o en los países anteriores de residencia por delitos existentes en el ordenamiento español».
La carencia de antecedentes penales, introduce el PP en su enmienda, «deberá acreditarse mediante certificación oficial expedida por las autoridades competentes del Estado o Estados de origen o de anterior residencia».
En ese sentido, para el PP, no serían válidas las declaraciones responsables de los solicitantes que no pudieran obtener dichos certificados de sus países de origen, como establece el procedimiento aprobado por el Gobierno.
«En ningún caso, la imposibilidad de obtención de dicha certificación, la falta de respuesta de autoridades extranjeras o la inactividad administrativa podrán dar lugar a presunciones automáticas favorables ni a la sustitución de este requisito por otros medios como declaraciones responsables», añade la propuesta de los populares.
Justificación del veto
El Ejecutivo ha justificado su veto porque implicaría la creación de 400 plazas de funcionarios en las brigadas provinciales de extranjería que conllevaría, según apuntan, un coste adicional de 17 millones de euros.
La otra enmienda vetada por el Ejecutivo, la número ocho, propone que en el plazo de dos años se amplíen las plazas de fiscales de área y comunidades autónomas, que implican 491 plazas nuevas de fiscales, que supondrían un aumento de las cuentas públicas de unos 54 millones de euros.
La ley para combatir la multirreincidencia, iniciativa de Junts, fue aprobada por el Congreso con los votos del PSOE, PP, Vox, PNV, además de los de el grupo proponente, y pasó al Senado.
Allí, el Gobierno ya vetó las dos enmiendas del PP, pero la Mesa de la Cámara Alta, con la mayoría de los populares, levantó el veto. De este modo, las enmiendas se incorporaron al texto en el trámite de la Comisión que estudia la norma.
Una vez que ese trámite concluyó, el Senado aprobó en pleno el pasado 18 de marzo la ley para combatir la multirreincidencia, una de las principales exigencias de Junts al Gobierno.
El siguiente paso en la tramitación de la norma será ya su votación final el próximo jueves en el pleno del Congreso.
El PP recurrirá el veto del Gobierno a su enmienda
El PP recurrirá ya ha dicho que recurrirá esta decisión. Así lo ha anunciado la portavoz del Partido Popular en el Congreso, Ester Muñoz, en una rueda de prensa en la que ha denunciado que el Gobierno ha vetado hasta en cinco ocasiones diversas cuestiones yendo «en contra del criterio de los letrados y del secretario general» del Congreso.
«Recurriremos a la Mesa y está por ver si el Senado también presenta un nuevo conflicto de atribuciones», ha avanzado.
