Lisboa (EuroEFE).- El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, promulgó este jueves la reforma de la Ley de Extranjeros, impulsada por el Gobierno de centroderecha y que limita, entre otros, la reagrupación familiar de los migrantes.
La Presidencia informó en un comunicado en su página web de la decisión del jefe de Estado, quien envío el pasado verano una primera versión de este cambio legislativo al Tribunal Constitucional ante las dudas que le ocasionaron algunos puntos.
La nota señala que el presidente promulgó la alteración de la Ley de Extranjeros «considerando que el diploma ahora revisado y aprobado por el 70 % de los diputados responde mínimamente a las dudas de inconstitucionalidad suscitadas por el presidente de la República y confirmadas por el Tribunal Constitucional».
El Parlamento portugués aprobó a finales de septiembre una nueva versión de la reforma, con propuestas de los partidos que integran el Gobierno del primer ministro conservador Luís Montenegro y del grupo ultraderechista Chega.
A grandes rasgos, la reforma busca fomentar la expedición de visados de trabajo a personas que se dediquen a «actividades altamente cualificadas«.
También modifica los requisitos de residencia para los nacionales de países de lengua portuguesa, ya que a partir de ahora para acceder a la residencia temporal van a tener que solicitarla antes de ir a Portugal, cuando hasta ahora podían entrar con un visado de corta duración o tener una entrada legal y pedirla desde territorio luso.
Mínimo dos años de residencia para pedir la reagrupación
Sobre la reagrupación, la legislación promulgada este jueves establece un plazo mínimo de dos años de residencia válida en el país -plazo que no existía hasta ahora- para que los inmigrantes en Portugal puedan solicitar la reagrupación con sus familiares en el extranjero.
E incluye algunos cambios introducidos después de que el Constitucional expresara sus reservas sobre algunos puntos, en particular en lo relativo a las excepciones a ese plazo.
En la propuesta inicial se contemplaba la exención del plazo de dos años para los migrantes con hijos menores de edad o con parientes altamente cualificados, y la versión final incorpora, además, esa posibilidad para quien tenga familiares discapacitados o dependientes.
A ellos se suman las parejas con un hijo en común, que pueden pedir la reagrupación inmediata con el cónyuge que está fuera de Portugal.
Para las parejas sin hijos, hay una vía intermedia, que es la reducción del plazo a un año, siempre que se trate de un matrimonio o de una unión efectiva de acuerdo a ley lusa, lo que excluiría casamientos de menores de edad, polígamos o forzados.
Pese a estas excepciones, en todos los casos de reagrupación familiar es necesario que el solicitante cumpla con una serie de medidas de integración, como formación en lengua portuguesa, así como en la cultura y los valores constitucionales del país.
Si esas condiciones no se cumplen, pueden conllevar la no renovación de la autorización de residencia del inmigrante que solicita la reagrupación.
No será la última reforma migratoria
El Gobierno de Portugal advirtió de que la modificación de la Ley de Extranjeros no será la última reforma migratoria.
Con la promulgación de la nueva versión de esta legislación, hoy es «un día muy importante para el país, es un capítulo importantísimo de cambio en la política de inmigración, ahora regulada, con más control, más seguridad, pero también con más dignidad para quien llega», dijo el portavoz del Ejecutivo, António Leitão Amaro, en una rueda de prensa tras la reunión semanal del Consejo de Ministros.
Avisó de que este «no es el primer capítulo ni el último de ese cambio en la política de inmigración» y recordó que el año pasado el Gobierno ya terminó con «las puertas abiertas» de la llamada «manifestación de interés», un sistema que permitía solicitar la residencia y legalizar la situación de los extranjeros que tuviesen al menos un año de cotización en la Seguridad Social.
Cambio en la Ley de Nacionalidad
Sobre las próximas medidas, anticipó que la próxima semana «se aprobará» el cambio de la Ley de Nacionalidad, también impulsado por el Ejecutivo de Montenegro y que actualmente está siendo evaluada por el Parlamento, que todavía no ha fijado una fecha para debatirla en el pleno ni para votarla.
Algunas modificaciones de esa propuesta es poner fin de la ciudadanía por nacimiento y aumentar el periodo mínimo de residencia legal para optar a la nacionalidad de 5 a 7 años para los nacionales de países lusófonos y 10 años para los ciudadanos de otros lugares.
Por otro lado, Leitão Amaro agregó que en noviembre «se darán las condiciones» para analizar otra iniciativa gubernamental para modificar el régimen para deportar a extranjeros del país que se encuentren en situación ilegal.
