Mérida (EFE).- La empresa británica W Resources Plc, que gestiona la mina de wolframio de La Parrilla, situada entre Santa Amalia (Badajoz) y Almoharín (Cáceres), ha presentado un expediente de regulación de empleo (ERE) para despedir a sus 70 trabajadores.
Esta explotación está considerada mayor reserva de Europa de wolframio, un mineral considera estratégico y prioritario para la transición energética.
La mesa negociadora del ERE se ha nombrado este lunes en una reunión celebrada en las instalaciones de la mina, en la que los representantes de los trabajadores han recibido la documentación correspondiente por parte de la empresa, según ha informado a EFE el secretario de Acción Sindical de la Federación de Industria de CCOO, Jesús Martín.
En este encuentro la firma británica ha alegado que siguen pendientes de los permisos medioambientales necesarios para reanudar la actividad y que para ellos es “inasumible” seguir afrontando las cotizaciones a la Seguridad de la Seguridad de los trabajadores, ha señalado Martín.
Una de las cuestiones que se abordará el jueves en la primera reunión puramente negociadora tras estudiar la documentación del ERE, al margen de las indemnizaciones previstas, es el número exacto de trabajadores afectados, ya que algunos se pueden quedar fuera por si se pudiera retomar en un futuro la actividad, ha desvelado Martín, que ha manifestado que el porcentaje de despidos estará en torno al 99 %.
Hace un año y medio se presentó un ERTE temporal para los más de 80 trabajadores que había entonces, por causas económicas y de producción, pero en este tiempo algunos empleados han dejado la compañía y en este momento solo están ligados a ella 70.
La empresa desea retomar la actividad
No obstante, a pesar del paso que ha dado la empresa con la presentación del ERE, tanto la semana pasada, cuando comunicaron los despidos a los representantes de los trabajadores, como en la reunión de este lunes, han insistido en que si llegan los permisos medioambientales podría retomar la actividad.
“En cuanto tengan los permisos están locos por empezar”, ha subrayado el sindicalista, que no entiende por qué están tardando “tantísimo tiempo”, cuando toda la documentación está presentada, y sin embargo se sigue “sin noticias” de la Administración.
La Junta de Extremadura impuso dos multas a la compañía, de 5.000 y 60.002 euros, respectivamente, por no contar con autorización ambiental y por el incumplimiento de disposiciones reglamentarias en materia de seguridad minera detectados por la Dirección general de Industria, Energía y Minas en 2020.
En concreto, la empresa británica construyó y puso en funcionamiento una balsa de lodos para el proceso de tratamiento de minerales extraídos sin el permiso de la Junta, según informó el año pasado la Junta de Extremadura.
Además, la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) trasladó a la Administración regional en septiembre de 2021, un requerimiento efectuado a la empresa por el vertido de aguas ácidas, en el que exigía a la empresa que tomara medidas para evitar la contaminación con aguas residuales del dominio público hidráulico.
El Comité de Empresa está formado por cinco miembros, cuatro de CCOO y uno de UGT.
