Mérida (EFE).- Extremadura exigirá una modificación de la Ley de la Cadena Alimentaria para establecer alguna herramienta que permita encontrar un equilibrio entre precios justos para los agricultores y supervivencia de la agroindustria, partiendo de la premisa de que «la una sino los otros no pueden vivir».
Así lo trasladará la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, Mercedes Morán, en la Conferencia Sectorial de Agricultura que este martes reunirá al ministro del ramo, Luis Planas, con los responsables en la materia de las comunidades autónomas.
Como paso previo a este encuentro, Morán ha citado este martes a las organizaciones agrarias en el Consejo Asesor Agrario de Extremadura (CAEX), en el que les ha dado a conocer este planteamiento.
En declaraciones a los medios, ha explicado que la Ley de la Cadena Alimentaria no está dando respuesta a los problemas de precios que sufre el sector porque no se pueden fijar precios de referencia al ser algo prohibido por la Unión Europea desde la entrada en la Organización Mundial de Comercio.
En este sentido, ha precisado que esta norma establece que existe un coste de producción por cada agricultor y que «es el agricultor el que tiene que negociar con la industria que le compra el tomate -o cualquier otro producto-«, algo a su juicio «totalmente inviable».
Por este motivo, en el CAEx ha planteado a las organizaciones agrarias, y este martes lo hará al ministro, una modificación de la Ley de la Cadena para habilitar algún tipo de herramienta que facilite «un equilibrio entre precios justos para los agricultores y supervivencia de la agroindustria».
Precios orientativos, no de referencia
Entretanto, la Junta trabaja con la Universidad de Extremadura para establecer unos precios «orientativos», que no de referencia, y ha invitado a las organizaciones agrarias, cooperativas agroalimentarias y asociaciones a hacer lo mismo, ya que la ley así lo permite.
Pero, ha insistido Morán, serán precios orientativos, lo cual «no quiere decir que los contratos se puedan firmar por encima de esos costes, porque eso no es lo que dice la ley».
Asimismo, ha recordado que existe un Observatorio de Precios Agroalimentarios en la región y ha asegurado que sus datos están actualizados a fecha de este mes de febrero.
La consejera ha señalado además que ha llegado el momento, dado el contexto mundial con la amenaza arancelaria del presidente estadounidense, Donald Trump, de que el ministro «dé un golpe de mesa» en el Consejo de la UE para exigir a esta «soluciones rápidas, urgentes y ágiles a la situación que tenemos».
Contratos del tomate
Entre las organizaciones agrarias representadas en el CAEx, Apag Extremadura Asaja ha pedido que se oficialicen al máximo «de una vez por todas» los costes de producción y que «se persiga a aquellos que están comprando y pagando por debajo» de los mismos, como ocurre con el precio del tomate, que tendrá «una campaña de ruina, salvo que sea muy benévola en producción».
En línea similares, UPA-UCE Extremadura ha exigido a la Consejería de Agricultura que impulse estudios de costes ante la problemática de precios «ruinosos» en los contratos del tomate, así como una mayor labor inspectora en la industria para que se cumpla la Ley de la Cadena Alimentaria.
Por su parte, La Unión Extremadura ha afirmado que esta norma se incumple porque no existen «radares» que velen por su ejecución y ha denunciado que «no hay manera de poder denunciar» a las industrias que imponen precios abusivos porque «no hay estudios que confirmen los costes de producción».
Por otra parte, la reunión del CAEX ha incluido, entre los asuntos del orden del día, una propuesta de la Junta con cambios en los seguros agrarios, así como las ayudas a la lengua azul, con cargo al Plan de Desarrollo Rural, que están diseñando actualmente por las CCAA, el Ministerio y la Unión Europea.
Según ha precisado la consejera, las solicitudes deben estar formuladas antes de junio y pagadas antes de 31 de diciembre de este año, con una condición sine qua non a cumplir, que las producciones hayan sufrido una disminución del 30 por ciento.
Productos fitosanitarios
Morán ha informado asimismo sobre el punto en el que se encuentra el plan de actuación nacional de aplicación de productos fitosanitarios que, ha explicado, fue paralizado hace unas semanas en Conferencia Sectorial «porque querían seguir en la línea de prohibir productos fitosanitarios sin que hubiera alternativa para los agricultores y exportadores».
A este respecto, Metidieri ha apostado por elevar al Ministerio de Agricultura la flexibilización en el uso de determinados fitosanitarios, pues «hay países que se les permite utilizar materias que aquí en España al final son prohibidas», como -ha dicho- está pasando con distintos herbicidas en el arroz o en el maíz, lo que perjudica la rentabilidad de las explotaciones extremeñas.
Las organizaciones agrarias han pedido además medidas para garantizar el relevo generacional en el campo y más apoyo a los seguros agrarios porque, ha apuntado UPA-UCE, de un porcentaje máximo de subvención de hasta el 75 % la suma actual de la aportación nacional y regional es del 45 %, con lo que hay mucho margen de mejora.
