Mérida, 17 abr (EFE).- Las políticas frente a la inmigración ilegal, la reducción de las cargas tributarias, el acceso a la vivienda protegida «inspirado en el principio de prioridad nacional», reducir la ecotasa de la central de Almaraz y blindar el sector primario frente a la Agenda 2030 marcan el acuerdo de Gobierno alcanzado entre Pp y Vox en Extremadura.
El documento de consenso recoge 11 grandes capítulos, con un total de 61 puntos de acción gubernamental que, a su vez, incluyen 74 medidas.
Inmigración
Rechazo expreso a la política de inmigración del Gobierno central y oposición por «todos los medios legales, jurídicos y políticos» al reparto de inmigrantes ilegales, tanto mayores como menores de edad y promover acuerdos con los países de origen de los menores no acompañados para facilitar las repatriaciones y retornos efectivos de estos con sus padres.
Rechazo a la ampliación de plazas de acogida de inmigrantes ilegales, auditoría anual de todos los gastos vinculados a inmigración ilegal con el objetivo de «reducirlos al mínimo imprescindible para el cumplimiento del marco legal vigente» y consignación presupuestaria para la realización de pruebas destinadas a la determinación de la edad de los menores no acompañados.
Supresión de todas las subvenciones, ayudas, convenios y conciertos con ONGs u otras entidades que «participen directa o indirectamente en promocionar, facilitar o sostener la inmigración ilegal», creación de una Unidad Administrativa de Verificación del Fraude Prestacional y del Padrón y la Residencia Efectiva.
En el ámbito de sus competencias, la Junta de Extremadura prohibirá el uso del burka y nicab y de cualquier prenda similar que oculte completamente el rostro en espacios, edificios y servicios públicos autonómicos «por ser incompatible con la seguridad, la identificación personal y los principios básicos de convivencia».
Economía, política tributaria y gasto
En cada año de la legislatura, se aplicará una bajada progresiva del IRPF del 0,25 % en los dos primeros tramos de la vigente tarifa autonómica, una ampliación de la bonificación del Impuesto Sobre Sucesiones y Donaciones, reducción del Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados y de las tasas autonómicas y reducción al 50 % de las subvenciones a sindicatos, organizaciones empresariales y entidades privadas sin utilidad pública, y reducción «al mínimo legal» de las subvenciones a cooperación internacional al desarrollo.
Vivienda
Construcción de al menos 3.500 nuevas viviendas protegidas y creación de un sistema de acceso a la vivienda protegida y el alquiler social «inspirado en el principio de prioridad nacional, adecuado a la legalidad vigente, que procure la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable con el territorio.
Exclusión de dichos programas para quienes hayan sido condenados como autores de delitos de allanamiento o usurpación de viviendas en los últimos 5 años y una nueva línea de avales públicos para familias numerosas, deducción autonómica del IRPF e impulso al alquiler estable.
Energía e industria
Blindar la continuidad de la central nuclear de Almaraz y reducir la ecotasa autonómica que grava la producción de energía en esta instalación en un 30 % anual hasta llegar a su eliminación completa antes del final de la legislatura y protección del suelo productivo y de uso tradicional y del patrimonio ante el avance de las fotovoltaicas.
Sector primario
Blindaje del sector primario frente a la agenda 2030, protección activa -económica, política y jurídicamente- de «las imposiciones de Bruselas y del Pacto Verde» y ejecución definitiva del proyecto de regadío de ‘Tierra de Barros’, una infraestructura «estratégica para el desarrollo agrario y económico» de Extremadura.
Planes de modernización de regadíos, infraestructuras hídricas y caminos rurales, revisión de la delimitación de las zonas ZEPA y LIC, y simplificación de la normativa en los espacios integrados en la Red Natura 2000 y creación de un fondo de compensación destinado a «mitigar el impacto negativo» de desastres naturales, circunstancias adversas sobrevenidas o de «imposiciones normativas para proteger los sectores productivos».
Sanidad y consumo
Plan de Mejora de la Sanidad extremeña orientado a reforzar la calidad asistencial, reducir los tiempos de espera, optimizar los recursos disponibles y garantizar una atención accesible y de calidad, el cual recogerá una dotación presupuestaria adicional de 500 millones de euros anuales y la contratación de 1.500 profesionales adicionales.
Incremento de las plazas residencias y de centros de día y control del etiquetado de los productos extranjeros.
Seguridad
Aplicación «firme» del desalojo exprés y refuerzo de la protección a las víctimas de ocupación ilegal.
El acceso a todas las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas «se inspirará en el principio de prioridad nacional», entendida como «arraigo real, duradero y verificable con el territorio».
Educación y Familia
Homologación salarial progresiva a la media nacional para los docentes extremeños, gratuidad de las escuelas infantiles 0-3 años y prioridad al producto español en comedores públicos.
Incremento y refuerzo de las ayudas a la natalidad, aumento de las deducciones fiscales para material escolar.
