Mérida (EFE).- La Junta ha anunciado que recurrirá el auto del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) que suspende cautelarmente un decreto del Ejecutivo que pretendía evitar la demolición de la urbanización Marina Isla de Valdecañas (Cáceres) con la corrección de los límites de la Zona Especial de Protección de Aves (ZEPA) del Embalse de Valdecañas.
En un comunicado remitido a EFE tras tener conocimiento de la resolución judicial, el Gobierno extremeño ha mostrado su respeto a las decisiones judiciales y ha dicho que «seguirá peleando para que la realidad jurídica concuerde con la realidad material».
Así, ha defendido que la situación de Marina Isla Valdecañas deriva de «errores cartográficos que llevaron a proteger como valores ambientales lo que verdaderamente no lo eran».
«Esta consideración debe prevalecer por encima de cualquier otra, habida cuenta de que las sentencias lo son en base a datos que los avances tecnológicos han demostrado erróneos», ha explicado.
Auto del TSJEX
En un auto fechado el 5 de junio, el alto tribunal extremeño acordó la suspensión cautelar del Decreto 180/2025, aprobado por la Junta de Extremadura el pasado 16 de diciembre, para ajustar los límites de once espacios ZEPA, entre ellos el de Valdecañas, dando así el TSJEX la razón a Ecologistas en Acción.
«La exclusión de la zona ZEPA de la Isla Valdecañas puede suponer en definitiva un atajo para resolver otros problemas», dice el auto, al que ha tenido acceso EFE, en referencia al intento de eludir la demolición del complejo turístico.
Para la Junta, la resolución judicial se limita a acordar la suspensión cautelar de la eficacia de la norma respecto de la ZEPA Embalse de Valdecañas, «sin pronunciarse sobre la validez del decreto», ha expuesto.
Según ha explicado, el decreto ajusta los límites de las ZEPAS mediante el empleo de cartografía digital y tecnología más precisas.
Corrección de imprecisiones técnicas
El objetivo es «corregir imprecisiones cartográficas derivadas de delimitaciones obsoletas, realizadas con una tecnología incomparable a la actual», ha relatado.
Por su parte, la Sala concluye que no existe «una justificación técnica y ambiental real para el cambio de delimitación que realiza el decreto, que va más allá de una corrección de errores con apariencia […] Resulta evidente que el nuevo decreto puede hacer extremadamente difícil ejecutar las sentencias firmes».
