Mérida, 18 jun (EFE).- La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha defendido este martes la realización de pruebas de edad a los menores inmigrantes no acompañados, como ha propuesto Vox, ya que ha explicado que «la protección de verdad depende de algo muy sencillo, que ninguna plaza que está pensada para un niño la ocupe quien no lo es».
Guardiola ha respondido así a la pregunta que le ha formulado la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, en el pleno del Parlamento regional, sobre las pruebas de edad a los menores migrantes, una medida que la líder de Podemos ha calificado de «racista».
La titular del Gobierno extremeño ha defendido que la gestión en la acogida de estos menores «va a seguir siendo rigurosa» y ha dicho compartir con su vicepresidente de Vox, Oscar Fernández Calle, «el estricto cumplimiento de la ley».
María Guardiola ha reconocido que las pruebas de edad «se han venido haciendo cada vez que ha habido dudas sobre su condición de menores y siempre que lo autorice la Fiscalía» y ha enmarcado esta medida en la comprobación de requisitos que lleva a cabo cualquier administración para otorgar una ayuda o acceder a un recurso público.
Pruebas de edad
«Esto es lo que ha hecho este Gobierno y lo que va a seguir haciendo», ha dicho Guardiola, quien ha precisado que de las 329 pruebas de edad que se han realizado por parte del Servicio Extremeño de Salud (SES), el 79% determinaron que tenían más de 18 años, «es decir que 260 personas mayores estaban intentando ocupar un recurso destinado a los menores».
Por su parte, Irene de Miguel ha acusado al PP y a Guardiola de «haber asumido el discurso ultra» y hacerlo «con una miseria partidista inclasificable» al afirmar que con 104 menores migrantes acogidos «el sistema está al límite», algo que ha considerado una «auténtica sinvergüencería» y totalmente contrario al mensaje lanzado por el Papa León XIV de que «la dignidad humana no tiene pasaporte».
Consejería de Servicios Sociales
La Consejería de Desregulación, Servicios Sociales y Familia de Extremadura denunciará en los tribunales al delegado del Gobierno, José Luis Quintana, por «amparar» la llegada menores no acompañados, «una imposición» del Gobierno central que conlleva el «colapso» del sistema de protección de menores.
Esta iniciativa judicial, que será emprendida por los servicios jurídicos de la Junta de Extremadura y, si hace falta, con gabinetes externos, ha sido anunciada por el titular de esta Consejería y vicepresidente del Gobierno regional, Óscar Fernández Calle (Vox).
Además, el Gobierno extremeño recurrirá por vía administrativa cada una de las llegadas «impuestas» de menores no acompañados cuando se entienda que las derivaciones no se ajustan al ordenamiento jurídico o comprometan la capacidad del sistema extremeño de protección de menores.
«Desde la ley con la ley vamos actuar contra el fraude» de «aceptar una inmigración masiva y descontrolada» por parte del «Gobierno corrupto» de Pedro Sánchez, ha agregado Fernández Calle durante una rueda de prensa ofrecida en Mérida.
Fernández Calle ha defendido la realización de pruebas de edad a los menores no acompañados siempre que existan dudas razonables tanto a los que ya están en Extremadura, un total de 106, como a los que lleguen, cuya previsión en los próximos días apunta a siete más.
Datos
Ha expuesto que desde 2023 se han detectado en Extremadura un total de 73 casos de personas inmigrantes que accedieron a España siendo consideradas mayores de edad, pero que cuando llegaron a Extremadura manifestaron que no tenían la edad adulta, por lo que fueron integradas en el sistema de protección de menores.
Una situación que, según ha dicho, ha supuesto un coste cercano a los cuatro millones de euros para las arcas públicas extremeñas.
Asimismo, ha anunciado que se revisarán de forma individualizada cada uno de los expedientes para comprobar si existen familiares o personas de referencia que puedan asumir la atención del menor, «tal y como contempla la normativa de protección de la infancia».
«Que vuelvan con sus familias», ha agregado.
Delegación del Gobierno
El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha aseverado, tras conocer la intención del Gobierno regional de denunciarlo por «amparar» la llegada de menores no acompañados, que el proceso de acogida de migrantes es el correcto y ajustado a la ley.
Quintana ha sido preguntado por el anuncio de la apertura de una vía judicial contra él por parte de la Consejería de Desregulación, Infancia y Familia, cuyo titular es Óscar Fernández Calle (Vox), también vicepresidente del Gobierno extremeño.
«Absolutamente tranquilo y, además, no solo tranquilo sino pensando que las cosas se están haciendo muy bien», ha dicho Quintana.
A su juicio, la posible denuncia se enmarca en «la estrategia nacional de Vox» de «atacar a los menores», lo que refleja «la falta de humanidad» de esta formación política.
Para Quintana, los migrantes, incluidos los menores de edad, son «víctimas de las mafias» que se aprovechan de la difícil situación que estas personas tienen en sus países de origen.
Ha explicado que los migrantes que entran en Extremadura como mayores de edad son dirigidos al Centro de Atención de Emergencia (CAE) de Mérida, si bien, una vez allí, algunos pueden decir que son menores, por lo que se les hace la prueba de edad.
Entre 2024 y 2025 fueron 222 personas migrantes que, una vez en Extremadura, afirmaron que eran menores. De ese total, solo 34 fueron considerados como tal a tenor de las pruebas realizadas.
Este último grupo pasaron al sistema de atención a menores de la Junta de Extremadura. Los otros continuaron en el CAE, servicio y recursos adscritos a la Administración General del Estado.
