Mérida (EFE).- El número de jóvenes extremeños entre 16 y 29 años emancipados cayó un 56 %, hasta 13.093, en el periodo 2019-2024, según los últimos datos disponibles.
Así se recoge en el documento ‘Jóvenes y Vivienda en Extremadura’, de CCOO, que aborda de forma integrada la relación entre mercado laboral, salarios, vivienda y emancipación.
En la presentación este lunes del informe, la secretaria general de CCOO en Extremadura, María Berrocal, ha aclarado que este documento es un análisis y también la denuncia de una «situación insostenible».
«La vivienda ya no es solo un problema social es también un problema laboral, porque sin salarios dignos y sin precios accesibles la vivienda deja de ser un derecho para convertirse en un lujo», ha recalcado.
El informe recoge que sólo el 13,1 % de la población extremeña estaba emancipada al cierre de 2024, la peor tasa desde 2006, frente al 15,2 de la de la media nacional, según datos del Consejo de la Juventud de España.
Paro y salarios
Aunque el informe refleja una mejoría tras la pandemia, la tasa de paro juvenil en Extremadura se sitúa en el 34,4 %, el doble que la media española, y el 40,3 % tiene contratos temporales.
Los jóvenes extremeños entre 25 y 34 años cobran de media solamente el 82,4 % del salario medio nacional, que se sitúa alrededor de los 1.600 euros mensuales, ha detallado la secretaria de Acción Sindical de CCOO de Extremadura, Paqui Gómez.
Ha advertido también de la importante brecha de género que existe, ya que las mujeres jóvenes perciben 1.930 euros menos que los hombres jóvenes.
«Pero quizá el dato más importante es que, incluso trabajando, casi un 22 % de la juventud ocupada extremeña sigue estando en riesgo de pobreza o exclusión social», ha subrayado.
Por ello, Gómez ha considerado que el alquiler de una vivienda se ha convertido en un «muro» que impide la emancipación de la población joven, aunque sea más bajo que en otras regiones.
El «muro» de la vivienda
El alquiler medio en Extremadura está en torno a las 552 euros mensuales y cada año continúa subiendo, ha apuntado.
Esto significa, según CCOO, que una persona joven asalariada tiene que destinar de media el 57,4 % de su sueldo únicamente al alquiler y, en caso de las mujeres jóvenes, ese esfuerzo supera el 63 %, cuando los organismos internacionales consideran que no debe superar el 30 % de los ingresos de una persona.
Gómez ha retratado una situación económica y social «asfixiante» que afecta al futuro de una generación, ya que están en riesgo sus derechos, su estabilidad y su oportunidades para vivir dignamente.
A su juicio, la vivienda no es un problema solamente del Gobierno de España, sino de las tres administraciones -central, autonómica y local-, que deben trabajar de forma «continuada en el tiempo».
En este sentido, la secretaría de Juventud, Salud Laboral y Medioambiente de CCOO de Extremadura, María Nicolás, ha trasladado el mensaje de que esta situación tiene solución con «voluntad política».
Propuestas
CCOO propone en el informe un gran pacto social y político por la vivienda en Extremadura apoyado en dos ejes.
El primero dedicado a incrementar el parque público de vivienda protegida y permanente, priorizando el alquiler asequible y financiado con un fondo que permita movilizar recursos públicos, europeos y ahorro privado.
La segunda línea incluye medidas regulatorias, entre ellas la limitación del precio del alquiler en zonas tensionadas, el ordenamiento de las viviendas de uso turístico y de alquiler temporal, y la movilización de la vivienda vacía hacia el alquiler asequible.
También abogan por facilitar el acceso al crédito hipotecario para las personas jóvenes trabajadoras, reforzar las ayudas a quienes más dificultades tienen y agilizar la construcción de vivienda social y asequible.
Nicolás ha abogado por priorizar la vivienda porque «es una política de empleo, de igualdad, de cohesión social y, sobre todo, de futuro».
A pregunta de los periodistas, ha considerado que las ayudas al alquiler, tanto las de la Junta de Extremadura como del Estado, son «insuficientes» por sí mismas si no van acompañadas de otras medidas que regulen el precio del alquiler.
