Mérida (EFE).- Los sindicatos CCOO, CSIF y UGT, componentes de la Mesa General de Negociación en la Junta de Extremadura, han anunciado este viernes la convocatoria en septiembre de movilizaciones de los empleados públicos «en la calle» y sin descartar una huelga, ante «el ninguneo» que sufren por parte del gobierno extremeño para desbloquear la negociación para la equiparación salarial.
En una rueda de prensa conjunta en Mérida, representantes de las tres organizaciones sindicales ha recordado que en abril de 2025, cuando se celebró la última reunión de la Mesa General se acordó la constitución de una comisión negociadora para elaborar un nuevo acuerdo, así como la creación de cinco grupos de trabajo para abordar distintas cuestiones.
Sin embargo, critican que ha pasado un año y nada se ha avanzado pese a las vías de diálogo que se han ofrecido, con la consejera de Hacienda, Administración Pública y Diálogo Social, Elena Manzano, «dando largas» y aplazando la cuestión, amparada unas veces en el adelanto de las elecciones autonómicas o la elaboración de los presupuestos.
Por ello, creen que «ha llegado el momento» y no les queda más opción que los empleados públicos se expresen «en las calles» para demandar una equiparación salarial del los empleados públicos con el resto de CCAA, pues entienden que la «la brecha es ya insostenible».
Compromiso presupuestario real
Tanto el secretario general de UGT Servicios Públicos Extremadura, Manuel Fernández Colo, como el responsable de Acción Sindical del Área Pública de CSIF Extremadura, Jesús Solaa, como la portavoz del Área Pública de CCOO, Sonia García, han reclamado un compromiso presupuestario real para poder iniciar conversaciones.
CCOO, CSIF y UGT han explicado en estos meses han mantenido contactos con la Consejería de Hacienda, Administración Pública y Diálogo Social y con los equipos de Función Pública, en los que les han mostrado su disposición a negociar para alcanzar un acuerdo antes del verano.
Sin embargo, lamentan que la Consejería ha ido retrasando la negociación con el argumento de que no podía comprometer una cifra destinada a la equiparación salarial del personal empleado público.
Los tres sindicatos remarcan que se le han ofrecido a la Junta diferentes salidas para abrir la negociación, como la posibilidad de firmar un acuerdo plurianual, de tres o cuatro años, que permitiera reducir progresivamente la brecha salarial con la media del resto de comunidades autónomas.
Carta a Guardiola
Sin embargo, critican que la última reunión con la consejera «terminó cerrada de forma unilateral», por lo que el último intento ha sido una carta remitida a la presidenta de la Junta, María Guardiola, que tampoco ha tenido respuesta.
Para UGT, CSIF y CCOO, no puede hablarse de negociación real si no se pone sobre la mesa una partida presupuestaria concreta destinada a corregir la brecha salarial del personal empleado público extremeño.
La brecha salarial supera el 20 por ciento en términos generales, según los sindicatos, y es más grave en algunas categorías e incluso dentro de las mismas consejerías, de manera particular, en la Administración General.
UGT, CSIF y CCOO recuerda que la Administración General presta servicios públicos esenciales y que en ella trabajan profesionales como bomberos forestales, agentes del medio natural, personal de residencias de mayores, centros de menores, centros infantiles y empleados que gestionan ayudas, pensiones y servicios fundamentales para la ciudadanía extremeña.
Por ello, reclaman una equiparación salarial real que afecte a los tres sectores: Administración General, Educación y Sanidad., y precisan que la subida salarial derivada de acuerdos estatales «no sirve para reducir la brecha salarial ya que se aplica al conjunto de empleados públicos de España».
Manzano
Manzano ha respondido que desde que el PP gobierna siempre ha demostrado que el diálogo social «es una prioridad» y ha avanzado que se sentarán a negociar la equiparación salarial para los empleados públicos cuando se sepan los recursos que se pueden destinar.
Ha recordado que se han llegado a importantes acuerdos en la Mesa General de Negociación y se han atendido reivindicaciones que venían del gobierno anterior y todas y cada una de las subidas salariales que han sido aprobadas, lo que se traduce en 400 millones de euros.
También ha dicho que el año que viene está prevista una subida del 5 por ciento y ha precisado que «hay que recordar que partíamos de una situación de abandono total por parte del gobierno socialista que se traducía en esos sueldos».
Asegura que el gobierno actual lo intenta corregir, como se ha hecho con los docentes o lo hará con el SEPAD y el SES y Administración General.
«Este gobierno está siempre dispuesto a hablar, a negociar, cuando sepamos exactamente cuáles son los recursos con los que vamos a contar», ha asegurado Manzano, que ha incidido en que se está trabajando con el presupuesto de 2027.
