Cáceres (EFE).- La empresa australiana Infinity Metals ha acusado a la Junta de Extremadura de impedir el desarrollo del proyecto de la mina de litio en Cáceres.
La firma ha atribuido el rechazo de la solicitud de concesión de explotación a errores administrativos que, a su juicio, le impidieron realizar los trabajos técnicos exigidos.
Infinity sostiene que el Servicio de Minas de la Junta rechazó la solicitud de explotación al considerar insuficiente la información técnica aportada.
Sin embargo, afirma que no pudo completar la documentación requerida porque no ha tenido acceso al yacimiento debido a «fallos» en la gestión de los permisos mineros por parte de la propia administración autonómica.
Comunicado oficial a los accionistas
La compañía ha trasladado esta posición en una comunicación oficial dirigida a sus accionistas y al mercado australiano (ASX).
En el comunicado, recogido por EFE, el presidente ejecutivo de la compañía, Adrian Byass, califica la situación de «difícil de creer» y asegura que la decisión responde a circunstancias «fuera del control de la empresa» y «directamente relacionadas con un fallo de la actuación del Gobierno».
En este sentido, considera «completamente incongruente» que las autoridades exigieran información obtenida mediante perforaciones que, según afirma, la empresa no pudo realizar por carecer de autorización para acceder a los terrenos.
Byass recuerda que Infinity accedió al proyecto de San José en 2016 tras un concurso público promovido por la administración extremeña para atraer inversiones al yacimiento de litio, y asegura que desde entonces la empresa ha invertido «considerable tiempo y dinero» en su desarrollo.
Además, lamenta que en una región con importantes recursos minerales «no se haya iniciado ninguna nueva actividad minera en más de veinte años».
La empresa estudia su respuesta
La empresa, no obstante, no ha decidido aún cuál será su respuesta a la resolución de la Junta.
En el comunicado señala que está valorando presentar un recurso contra la denegación o solicitar un nuevo permiso de investigación, una alternativa que supondría reiniciar prácticamente toda la tramitación administrativa del proyecto.
El plazo para recurrir es de 30 días, una comunicación que, según destaca, ha recibido justo antes del periodo vacacional de agosto.
Infinity también cuestiona algunos de los requisitos técnicos exigidos durante la tramitación, entre ellos la repetición en España de unos ensayos metalúrgicos realizados previamente por laboratorios especializados de Alemania y Australia.
La compañía sostiene que actualmente no existen laboratorios acreditados en España con capacidad para realizar esas pruebas conforme a los estándares requeridos
