Mérida (EFE).- El Gobierno extremeño y los agentes económicos y sociales de la comunidad autónoma han acordado este viernes por unanimidad el Plan de Vivienda, Rehabilitación y Suelo de Extremadura 2026-2030, que movilizará una inversión estimada de 951 millones de euros, procedentes fundamentalmente de transferencias del Estado y de fondos autonómicos.
El consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Francisco José Ramírez, ha destacado que se trata de un «plan histórico» para la región, por «los fondos que pone encima de la mesa» y por las medidas que se contemplan, «dirigidas principalmente al mundo rural, a los jóvenes y a las familias con menos recursos de Extremadura».
Ramírez ha hecho estas declaraciones tras la reunión de la Comisión Sectorial de Movilidad, Infraestructuras, Vivienda y Turismo de la Junta, en la que se ha consensuado y se ha dado luz verde al plan tras un proceso de diálogo y concertación que ha permitido incorporar a este programa buena parte de las propuestas de mejora planteadas por UGT, CCOO y CREEX, según ha dicho.
Recurso de inconstitucionalidad
A preguntas de los medios, el consejero ha explicado que aunque la Junta de Extremadura ha recurrido ante el Tribunal Constitucional el Plan Estatal de Vivienda, por considerar que invade competencias de la comunidad autónoma, «eso no es óbice» para aceptarlo y asumir la financiación que en él se pone encima de la mesa por parte del Estado para Extremadura.
En ese sentido, ha recordado que a la región se destinan 210 millones de euros, de los que el 60% corresponde a financiación estatal y el 40% a autonómica, y ha defendido que el recurso planteado por la Junta no conlleva que puedan retirarse los fondos, porque solo afectaría a solo los artículos que puedan ser considerados como inconstitucionales.
Francisco José Ramírez ha explicado que el plan extremeño se estructura en cuatro líneas estratégicas, catorce líneas de actuación y cuarenta y nueve medidas concretas para facilitar el acceso a la vivienda, fomentar la rehabilitación, reforzar la vivienda pública y favorecer un desarrollo territorial equilibrado.
Prioridades
Entre sus prioridades destacan las medidas dirigidas a los jóvenes, con ayudas para la compra y el alquiler, sistemas de avales para facilitar el acceso a la primera vivienda y nuevas fórmulas de colaboración público-privada para ampliar la oferta residencial.
El plan también contempla actuaciones específicas para favorecer el acceso a la vivienda en el medio rural y reforzar la atención a las personas en situación de vulnerabilidad.
Más de la mitad de la inversión prevista, alrededor de 498 millones de euros, se destinará a facilitar el acceso a la vivienda mediante actuaciones como el desarrollo del Plan Habita Extremadura, los programas de ayudas al alquiler y a la adquisición, el incremento de la oferta residencial y medidas para reforzar la seguridad jurídica de propietarios e inquilinos.
Además, el plan reserva más de 127 millones de euros para rehabilitación y regeneración urbana, con el objetivo de mejorar la eficiencia energética, la accesibilidad y las condiciones de conservación del parque residencial.
El parque público
La planificación contempla igualmente el fortalecimiento del parque público de vivienda mediante nuevas promociones, la movilización de inmuebles disponibles y la mejora de los mecanismos de mantenimiento, inspección y acompañamiento social.
Junto a las medidas inversoras, el documento incorpora reformas normativas para modernizar el marco regulador de la vivienda en la región, entre ellas la futura Ley de Vivienda de Extremadura, la actualización del régimen de vivienda protegida y la simplificación de procedimientos urbanísticos.
A preguntas de los medios, el consejero ha dicho no poder establecer el número de viviendas que se construirán en el marco de este plan en los próximos cuatro años, pero ha recordado que el PP llevaba en su programa electoral la construcción o promoción de 3.000 viviendas públicas, una cifra que se elevó posteriormente a 3.500 en el acuerdo de gobierno PP-Vox.
Ramírez ha indicado también que el plan inicia ahora su tramitación administrativa, que puede durar un mes o mes y medio, para ir posteriormente a Consejo de Gobierno, donde se aprobaría previsiblemente en el mes de octubre
