Mérida, 19 nov (EFE).- La consejera de Hacienda, Administración Pública y Diálogo Social, Elena Manzano, ha afirmado que la Junta pagará «en plazo todas y cada una de las subidas salariales» previstas para los empleados públicos, ante una pregunta del PSOE sobre si aplicará el incremento del 4,5 % aprobado por el Gobierno central «con efectos desde el 1 de enero del 2027».
En el pleno de la Asamblea, Manzano ha dado «la bienvenida a la preocupación por los empleados públicos» por parte de la diputada socialista Isabel Gil Rosiña, a la que ha pedido «memoria y responsabilidad con su falta de gestión».
Así, ha asegurado que cuando esta era consejera y portavoz de la Junta «defendía con vehemencia» que no era posible aplicar la subida del 2 % de 2020, siendo los empleados públicos extremeños los únicos del país que no la percibieron, bajo la «mentira» de que la situación económica de ese momento no se lo permitía y acudiendo a los tribunales.
Por contra, ha subrayado el compromiso de su Ejecutivo que desde 2023 hasta 2027 contempla 700 millones de euros para «corregir los agravios, la situación de desequilibrio de 40 años de gobierno socialista que no miraban esos empleados públicos».
Oposición
Gil Rosiña ha destacado que mientras Extremadura recibirá una cifra récord de más de 4.800 millones en entregas a cuenta para 2027 por parte del Estado, «un 7,8 % más que el año anterior», la Junta ha decidido «dejar de recaudar» con 48 millones de euros de impacto recaudatorio de su política fiscal y la rebaja del 30 % de la ecotasa, «regalando 28 millones de euros a las eléctricas».
Un hecho que ha llevado a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) a advertir del riesgo de incumplimiento de la regla de gasto, ha recordado la diputada, para remarcar que los impuestos sirven «para pagar dignamente a quienes sostienen los hospitales, los colegios, la ley de la dependencia y la administración autonómica.
Frente a los acuerdos del Gobierno de España, considera que, desde 2023, los sindicatos de esta región están «en la calle» por «el guirigay montado» por la Junta en Extremadura con «la falta de diálogo social, donde, según dice, «en Educación ha conseguido un medio acuerdo, que es un trampantojo, en Sanidad sigue negociando y Administración General está esperando un acuerdo».
Educación
También en el turno de preguntas al Consejo de Gobierno, la diputada de Unidas por Extremadura, Nerea Fernández, ha denunciado el estado de las infraestructuras educativas públicas, «sin una bioclimatización en las aulas», con calor ante las altas temperaturas y ahora con centros que se inundan y goteras por las lluvias, como la Universidad Laboral de Cáceres o centros de Llera, Trujillo y Miajadas.
Hay alumnos que han tenido que «estar en clase con aguas fecales» e incluso «ratas», ante lo que -ha añadido- «la única respuesta que da este Gobierno» es que se debe a la «herencia recibida cuando llevan tres años y no han hecho absolutamente nada».
La consejera de Educación y Formación Profesional, Sandra Valencia, ha remarcado que la región cuenta con «más de 800 centros», de los que «la mayoría en los 36 años de gobierno socialista no han recibido ni un solo euro de inversión», lo que ha provocado en muchos de ellos «patologías graves» que requieren «tratamientos correctivos».
Ha asegurado que el Ejecutivo extremeño «trabaja sin descanso», de la mano de la comunidad educativa, con «planificación» y «presupuesto» para dar respuesta a las necesidades de «mejoras, modernización, accesibilidad o climatización» en los centros.
Desde el año 2023, ha resaltado, se han realizado 625 actuaciones por valor de 33 millones de euros, en ejecución actualmente hay 220 obras por 85 millones y en diciembre 45 obras por 22 millones, que contemplan mejoras en gimnasios como el del Instituto de Guareña.










