Palma (EFE).- La presidenta de Baleares, Marga Prohens, ha anunciado este jueves que el Govern recurrirá ante el Supremo y pedirá la suspensión cautelar del decreto aprobado por el Gobierno que establece el procedimiento de reparto de menores migrantes no acompañados entre las comunidades autónomas, salvo el País Vasco y Cataluña.
«Recurriremos todas las vías a nuestro alcance para evitar la imposición de este reparto que no podemos asumir en condiciones de dignidad y humanidad», ha afirmado este jueves la mandataria autonómica en una rueda de prensa.
Ha detallado que el Govern recurrirá tanto el decreto aprobado el 28 de julio que establece el procedimiento de acogida, como el que está previsto que apruebe el próximo Consejo de Ministros para que empiece el reparto la semana que viene.
Prohens ha aseverado que la situación de la inmigración ilegal en Baleares es «alarmante» con la llegada este año de más de 4.700 personas en pateras, principalmente desde Argelia, de las que 1.500 corresponden solo al mes de agosto.
Servicios sociales atienden a 680 menores no acompañados
Los servicios sociales de los consells insulars de las cuatro islas atienden a 680 menores no acompañados, ha concretado Prohens, que ha añadido que el Govern estudia, ante la falta de medios materiales, habilitar espacios para los migrantes en los que «no se merecen ni deberían vivir nunca».
Ha cifrado la sobreocupación de los centros de acogida de menores de Baleares en más del 1.000 %.
La presidenta del Govern y los de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera se han reunido para establecer una «estrategia legal» frente a la decisión del Gobierno de repartir a los menores no acompañados procedentes de Canarias, Ceuta y Melilla, de los que Baleares tiene asignados 49.
El Ejecutivo balear y los consells insistirán en solicitar al Gobierno que «refuerce la lucha contra las mafias que trafican con inmigrantes» y aumente las plantillas de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en las islas, donde actualmente existen 600 vacantes, según los sindicatos.
Exigen también que España recupere «la vía diplomática» con Argelia para controlar los flujos migratorios ilegales, porque es la ruta migratoria que «más crece» en toda Europa, ha reseñado Prohens.
Para tratar esta problemática, Prohens y los presidentes de los Consells se reunirán a finales de septiembre con el comisario europeo de Inmigración, Magnus Brunner, para pedirle la activación «lo antes posible» del sistema de control de fronteras Frontex en Baleares.
«Principal puerta de entrada»
El archipiélago, ha alegado la presidenta, se está convirtiendo en «la principal puerta de entrada» de la inmigración irregular en la Unión Europea. Prohens ha leído un fragmento de un informe de Frontex que advierte del peligro de que «personas con intenciones potencialmente maliciosas» entren en la UE en pateras que alcanzan la costa balear y «posiblemente se involucren en actividades delictivas».
Ha recordado que el Gobierno es el competente en materia de inmigración y que, frente a su inacción y, según el relato de los propios migrantes que llegan a Baleares, «hay centenares de menores que esperan» a embarcarse en los próximos meses para cruzar el Mediterráneo.
«Aquí ya no los podemos acoger en condiciones de dignidad», ha insistido la presidenta, que ha repetido que Baleares no dispone ni de espacio en los centros de acogida ni de profesionales para atenderlos.
Sira Rego ve racismo en la decisión de Baleares
La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha reprochado el recurso anunciado por Baleares y ha apuntado a que esta decisión no se debe a la falta de medios, sino al racismo.
A través de un mensaje en la red social Bluesky, la ministra ha señalado este jueves que el Govern «ni siquiera acudió» a la convocatoria de la última Conferencia Sectorial de Infancia, en la que se iba a aprobar un reparto de fondos extraordinario de 22 millones de euros para Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla.
«No es falta de medios, es racismo», ha rematado su mensaje Rego, en reacción al movimiento hecho por Baleares y recordando el encuentro sectorial que tuvo que ser cancelado por falta de quorum, ante el plante de las comunidades presididas por el Partido Popular.
