Palma (EFE).- El Consell de Mallorca prevé aprobar este viernes una proposición de ley de limitación de la entrada de vehículos en la isla, una norma que será elevada al Parlament para que se tramite y apruebe «cuanto antes» y que, en el mejor de los casos, entraría en vigor en el verano de 2027.
Así lo ha detallado este lunes el presidente de la institución, Llorenç Galmés, en una rueda de prensa para explicar las novedades sobre esta norma que, como ha apuntado, será «imposible» que entre en funcionamiento este verano.
El texto normativo, que por el momento no concreta un techo de entrada de vehículos en Mallorca, establece que las navieras sean las encargadas de cobrar y gestionar la tasa de entrada de coches a la isla que no tributen en ella, como ya ocurre en Ibiza.
Además, quedarán exentos de abonar esta tasa tanto los vehículos de residentes en la isla como aquellos de personas que se desplacen temporalmente a Mallorca por motivos laborales, siempre que acrediten dicha circunstancia.
Galmés, que ha pedido el apoyo de los grupos de la cámara insular para aprobar la norma, ha justificado la propuesta con el compromiso adquirido al inicio de la legislatura para afrontar los problemas de movilidad y las retenciones en las carreteras de la isla.
De acuerdo con un estudio de carga de la red viaria de Mallorca, en 2023 accedieron a la isla alrededor de 400.000 vehículos, un 107 % más que en 2017, una cifra «insostenible».
Este estudio plantea distintas medidas para reducir la presión sobre las carreteras, entre ellas la limitación del número de vehículos de alquiler en circulación y el control de la entrada de automóviles procedentes del exterior de la isla.
También ha hecho hincapié en que la elaboración de la proposición de ley parte del consenso con sectores económicos y partidos políticos, además de visitas institucionales a Ibiza y Formentera para conocer los modelos similares que ya se aplican en ambas islas.
Multas de hasta 30.000 euros
La norma, elaborada por técnicos, funcionarios y servicios jurídicos del Consell, ha sido diseñada pensando en los residentes y en la capacidad de carga de las carreteras de la isla, en palabras del responsable de Territorio, Movilidad e Infraestructuras, Fernando Rubio.
También ha avanzado que la futura ley incluirá mecanismos de control como la instalación de cámaras en los puertos y multas de entre 300 y 30.000 euros, además de la posible inmovilización de vehículos que accedan a la isla sin la correspondiente autorización.
Además, el techo anual de vehículos se determinará mediante estudios de carga periódicos, de carácter anual o bianual, que deberán ser aprobados por el pleno del Consell. Del mismo modo, el importe de la tasa se fijará a través de una ordenanza fiscal específica.
Preguntado por el máximo de vehículos que podrían autorizarse, ha apelado a la prudencia para concretar una cifra ya que será necesario complementar los datos actuales con nueva información procedente de las navieras y de los sistemas de control previstos.
Desde el Consell han evitado fijar una fecha para la entrada en vigor de esta regulación, ya que depende de su tramitación en el Parlament.
