La Fiscalía de La Rioja exige “imaginación” para las penas con trabajos comunitarios

Logroño, (EFE).- El fiscal superior de La Rioja, Enrique Stern, ha exigido este lunes al Gobierno regional mayor “imaginación, esfuerzo y generosidad” para buscar puestos de trabajo “serios” para cumplir las penas por trabajos en beneficio de la comunidad.

Stern ha hecho esta petición y ha presentado un resumen de la memoria de la Fiscalía en La Rioja de 2021 durante el acto de apertura del año judicial, en el que se ha despedido del cargo que ocupa desde marzo de 2011.

La criminalidad aumentó en La Rioja el 15 por ciento durante 2021, pero estos datos “no deben generar inquietud ni alarma” ya que se justifican en la pandemia y son similares a los de 2017, ha explicado el fiscal superior.

Sin embargo, ha lamentado que el año pasado hubo tres homicidios en La Rioja: el pequeño Alex en Lardero, un hombre en Entrena y un joven en bicicleta en el parque del Ebro de Logroño, unas cifras que son “absolutamente excepcionales”, y que están pendientes de señalamiento para juicio en la Audiencia Provincial.

Los atestados de la Policía Nacional y la Guardia Civil aumentaron el 24 %, un número que se acompasa al de los escritos de acusación presentados por el Ministerio Fiscal.

Ha precisado que el año pasado se celebraron 1.123 vistas en los Juzgados de lo Penal, en los que hubo conformidad en 781; y en la Audiencia Provincial hubo 96 juicios, 56 con conformidad, por lo que ha agradecido su colaboración a los abogados.

Además de pedir al Gobierno regional mayor implicación para buscar tareas que permitan cumplir las penas con trabajos comunitarios, y evitar el ingreso en prisión en las condenas por determinados delitos, ha incidido en la necesidad de mejorar los tratamientos para lograr la reinserción de enfermos mentales y afectados por problemas de drogadicción.

Durante el año pasado hubo 40 denuncias por delitos contra la libertad sexual -ninguna de ellas por violación- frente a las 39 presentadas en 2020; mientras que los delitos por violencia de género han aumentado de manera “sensible” y los delitos contra el patrimonio están igual que en 2017.

Por Rebeca Palacios